No se deben quedar hasta el 2026

Para monseñor Pedro Barreto, la continuidad de Dina Boluarte es un error, ya que hay un clamor nacional que demanda una nueva forma de hacer política y se trata de un Gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, por los peruanos que han fallecido en la violencia policial.

El representante de la Iglesia católica fustigó al Congreso de la República, que ha negado al país el derecho de renovar la representación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Hay una voluntad de la mayoría que no se está respetando, imponiéndose, por el contrario, la voluntad de quedarse.

La muerte de 49 compatriotas a manos de la Policía y las Fuerzas Armadas y cuyos casos están en el limbo de la impunidad han provocado la protesta no solo de las instituciones peruanas que demandan una investigación independiente y que se imparta justicia con celeridad. El Gobierno de EE.UU., la Unión Europea, entidades de la defensa de las libertades civiles y de derechos humanos se han pronunciado contra los excesos en el uso de la fuerza durante la represión en los últimos tres meses en el Perú.

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La Iglesia católica no ha sido ajena a los crímenes contra civiles indefensos en varias ciudades del país. El propio papa ha lamentado la situación y ha invocado por la paz y el retorno de la calma.

El vocero eclesial ha sido claro y directo. Permanecer sordo y ciego no es el mejor modo de enfrentar las protestas y la exigencia de cambio. Han transcurrido cien días desde que 17 personas fueron asesinadas en Juliaca, las necropsias han determinado tanto el tipo de arma como los impactos recibidos por las víctimas. Es indispensable que se sancione a quienes dispararon y a los que ordenaron la matanza.

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La Fiscalía de la Nación ha creado un grupo especial, pero ha sido criticado porque no tiene la especialización en derechos humanos, y su líder ha hecho declaraciones que se han comprobado falsas con relación a los sucesos de San Marcos. Centralizar todo el proceso en Lima no parece lo más conveniente, cuando ya hay algunos avances en las fiscalías de las regiones donde ocurrieron los hechos.

La voz de monseñor Barreto debe obtener respuesta. Los congresistas no pueden seguir aferrados al sueldo mensual y las autoridades del Gobierno central deberían pedir perdón a la población por el daño provocado. Se trata de oír y atender el clamor de la mayoría.