
Para quienes creían que los golpes de estado eran disrupciones políticas ya erradicadas en el Perú, Pedro Castillo se encargó de desmentirlos al copiar hace cuatro meses el que Alberto Fujimori perpetró hace 31 años.
En la mañana del 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo apareció en televisión para emitir un mensaje desde palacio de gobierno, con la banda presidencial puesta, en el que anunció un golpe de estado con un discurso que tenía toda la sazón del expremier Aníbal Torres, pero con la misma estructura del que Vladimiro Montesinos le preparó a Alberto Fujimori para que el 5 de abril de 1992 disolviera el congreso.
Hay, sin embargo, una diferencia clave. A Fujimori le permitió gobernar por ocho años más hasta que su régimen colapsó en 2000 al destaparse la profunda corrupción organizada desde la oficina de Montesinos en el SIN.
El de Castillo, en cambio, no duró ni una hora pues, ante la evidencia de su fracaso prematuro y tragicómico, fue detenido en el tráfico del mediodía en el centro de Lima cuando huía rumbo a la embajada de México para concretar el asilo que le ofreció su mentor Andrés Manuel López Obrador, aunque él ahora confunda su destino deseado, pero frustrado, con el de Japón —como lo hizo anteayer ante el juez—, en una suerte de mimetización con su vecino de penal en el Fundo Barbadillo.
El objetivo de una nueva constitución también estuvo en ambos golpes. En el caso de Fujimori, se le impuso desde el exterior como una manera de salir de la inconstitucionalidad, algo que quizá también fue un propósito de quienes usaron a Castillo como títere.
Una diferencia entre ambos golpes es que el de Castillo pretendió ser de ‘izquierda’ —aunque es muy generoso decir que el mamarracho de su gobierno fuese de izquierda—, mientras el de Fujimori parecía más de derechas, aunque es discutible que el fujimorismo —de Alberto, al menos— encajara plenamente con una visión de derecha.
Y otra similitud, finalmente, es que los ayayeros de ambos gobiernos niegan que fueran golpes, cuando la verdad es que sí lo fueron, razón por la cual, sean de izquierda, de derecha, o de lo que sea, deben ser igualmente condenados, y sus protagonistas y cómplices terminar en la cárcel.

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