Congreso descontrolado

La alerta ha llegado desde la Defensoría del Pueblo ante el peligro de que se pongan en riesgo la independencia de poderes y la autonomía del sistema electoral, que debe mantenerse imparcial para garantizar procesos electorales transparentes y limpios.

El experto en cuestiones constitucionales de la Defensoría señala que lo más peligroso que se ha expresado desde que el actual Tribunal Constitucional fallara a favor del Parlamento en la demanda competencial presentada por este poder del Estado contra el Poder Judicial es que existen decisiones políticas que podrían emanar del Congreso que no van a poder ser intervenidas desde el Poder Judicial, el cual quedaría así limitado en su ejercicio de control político a cualquier poder del Estado.

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La exhortación del actual TC al Congreso para que modifique el artículo 99 de la Constitución, con el que se abriría la posibilidad de plantear y llevar a cabo juicios políticos a los miembros del sistema electoral, ha ido en contra de toda la jurisprudencia y todas las anteriores decisiones adoptadas en el seno del TC. Se está consolidando un superpoder del Estado que podría afectar el equilibrio y la equidistancia que debe caracterizar al sistema político y que resulta sumamente peligroso para la vida democrática peruana.

Con esta exhortación del TC elegido por este Parlamento, se han movido rápidamente las fichas para lograr el cometido de someter a las autoridades electorales al juicio político. Se han presentado iniciativas desde las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, APP y un sector de Acción Popular a fin de que se proceda a la modificación constitucional del artículo 99 para incluir a los jefes del Reniec, el JNE, la ONPE y la Junta Nacional de Justicia.

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Estas propuestas se encuentran en proceso en la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular, con lo que el peligro de la intervención política y los intereses de cualquier mayoría que se forme en el Congreso se hace evidente.

Las autoridades electorales sometidas a la amenaza de acusación constitucional en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia no podrían garantizar ni independencia ni transparencia por el sometimiento a la voluntad de una mayoría que, precisamente, en el Congreso no ha demostrado la más mínima idoneidad.