Lluvia de interpelaciones

Luego de un período de mayor entendimiento después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, nuevamente se activaron las acciones de control del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, razón por la que se empezaron a autorizar interpelaciones a los ministros de Defensa y del Interior, por los sucesos en Ilave y otros hechos de violencia en los que han participado tanto el Ejército como la Policía.

También hay dos pliegos interpelatorios para el ministro de Educación, de indefendible postura con relación a las mujeres aimaras con sus hijos en brazos, golpeadas en una protesta en el centro de Lima. El titular de ese sector afirmó que “eran peor que animales”, por poner en peligro a los niños. Un posterior comunicado admitía su error, aunque señalaba haber sido malinterpretado.

El ministro de Trabajo merece párrafo aparte. Además de un contrato con el que favoreció a una excuñada del primer ministro, se le han puesto los reflectores por un pago de S/41 millones a través de Essalud a Aiona Technology Corporation, una empresa recomendada por la saliente asistente presidencial, Grika Asayag, quien pertenecía al círculo más próximo a la mandataria y que fue retirada del cargo debido a las denuncias periodísticas que ponían en duda la autenticidad de certificados de estudios y por estar relacionada con el pago de los cuestionados S/41 millones.

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La interpelación en marcha contra el primer ministro Alberto Otárola no vio la luz. Fue desechada por 59 votos en contra, emitidos por las siguientes bancadas: Fuerza Popular, Acción Popular, APP, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú. Todas ellas consideraron que ni siquiera era necesario que el titular de la PCM diera algunas explicaciones sobre la gestión en temas específicos, como respeto a los derechos humanos, sanción a los responsables de la violencia excesiva en las ciudades del interior, entre muchos temas sobre los que existe opacidad gubernamental.

Aunque parece que se ha reactivado el control político a los ministros por parte del Legislativo, no parece entrañar mayor peligro que el trago amargo de dar explicaciones a un Gobierno que considera que no está obligado a darlas. Aunque todo sea poco más que un buen saludo a la bandera.