Reforma de la Policía, por Paul E. Maquet

Un policía dispara una lacrimógena a la cabeza de un ciudadano y lo mata. Ocurrió en Lima el 28 de enero y —aunque las autoridades lo nieguen— los videos están allí. Si este fuera un gobierno democrático y comprometido con los derechos humanos, ese efectivo sería separado de la institución, detenido y juzgado. Pero, en vez de eso, Boluarte y Otárola hablan de una policía “inmaculada” y quieren premiar a las fuerzas del orden con un bono.

El problema no es nuevo. Los casi 60 ciudadanos fallecidos desde diciembre no son una anomalía. No me refiero solo al asesinato aún impune de Inti y Bryan en 2021. En 20 años de democracia, al menos 166 ciudadanos murieron en contextos de represión durante conflictos sociales. Los patrones en Espinar, Tía María, el “Arequipazo”, Conga, Las Bambas y otras decenas de casos son idénticos a lo que ocurre hoy. En estas décadas, todo conflicto importante se ha saldado con muertes y casi el 100% de ellas sigue impune.

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El sembrado de pruebas que algunos han denunciado en estas semanas tampoco es una práctica nueva. Recordemos Tía María y las vergonzosas imágenes de “Filosofexxx” (¡un efectivo policial cuyo uniforme mostraba un nombre falso!) obligando a un ciudadano a sostener un objeto punzocortante para incriminarlo.

El maltrato sistemático a los manifestantes se resume en la ideología tan bien expresada por un efectivo durante el conflicto por Conga, cuando una mujer le increpaba sobre por qué los trataban así: “porque son perros”. En estos días, otro efectivo se grabó durante la intervención en San Marcos calificando de “terrucos” a los detenidos. ¿Esa es la formación que reciben? ¿Así les enseñan a ver a los ciudadanos?

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Lejos de ser felicitada y premiada, la Policía debe ser radicalmente transformada en una fuerza al servicio de la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía. Reto que hasta ahora ningún Gobierno ha querido asumir.