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Más inteligencia, por Paul Maquet

“El problema es otro: el naufragio de nuestro precario pacto social, el que se debe reflejar en una Constitución en la cual la mayoría del país se sienta expresada”.

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La presidenta Boluarte necesita menos “inteligencia” militar y policial y más inteligencia política y social. La primera lleva a un diagnóstico errado y a una estrategia inútil. La segunda, a construir los acuerdos políticos que el país requiere.

Según la “inteligencia” militar y policial, las protestas y actos de violencia de estas semanas serían una “insurgencia terrorista” de una “organización clandestina”. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de esto.

Las protestas violentas —en sí mismas— no prueban nada y son parte del repertorio de las explosiones sociales, para bien o para mal. Basta mencionar, por ejemplo, las protestas en Bolivia en estos días, donde la oposición de derecha también ha tomado un aeropuerto e incendiado la sede de la Fiscalía y vandalizado propiedad privada. O Francia, donde durante Año Nuevo hubo protestas y enfrentamientos con la policía que dejaron casi 900 autos quemados. Y ojo: en ninguno de estos casos la represión causó muertes.

No estoy diciendo que esté bien quemar cosas: obviamente esos delitos deben individualizarse y sancionarse con la ley en la mano. Pero ninguno de estos hechos constituye una “insurgencia terrorista”. Ese análisis lleva a una estrategia de militarización y “guerra antiterrorista” que justifica matar a balazos, atiza la polarización y dificulta las salidas políticas.

El problema es otro: el naufragio de nuestro precario pacto social, el que se debe reflejar en una Constitución en la cual la mayoría del país se sienta expresada. Una lectura política de una crisis que lleva más de seis años (y no cuatro semanas) permite entender que nuestro diseño constitucional, nuestro sistema de representación política y nuestra descentralización han colapsado. Es indispensable que derecha, centro e izquierda sean capaces de construir acuerdos democráticos para tener este debate y abrir un proceso de renovación constitucional.

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