¿Lima versus el Perú?, por Indira Huilca

El nuevo año marca también el inicio de un nuevo período de gobierno para las regiones y municipalidades del país. En Lima, con la peculiaridad de que la alcaldía ha recaído en un excandidato a la presidencia. Sobre ello, advertimos en esta columna (09/10/22) que la Municipalidad de Lima sería usada por Rafael López Aliaga como una plataforma para alimentar su perfil político a partir del choque con el gobierno central y del desprecio manifiesto hacia Pedro Castillo.

Con la caída de Castillo, el tablero cambió. Por una parte, López ya no puede jugarse la carta del opositor “anticomunista”, algo en lo que había basado su propio personaje ante los sectores reaccionarios de la ciudadanía limeña. Por otra parte, al integrarse la derecha al pacto para sostener a Boluarte en el poder, el papel que le queda al nuevo alcalde es el de respaldar y lanzar consejitos al gobierno central, un cambio de tono en el que ya empezó a trabajar.

De hecho, López ha sido de los primeros en acudir a Palacio, de espaldas a los pronunciamientos de la mayoría de gobernadores regionales electos, quienes rechazan la represión aplicada por Boluarte y respaldan el pedido de adelantar elecciones. Ignorando la creciente condena nacional e internacional por las 28 muertes ocurridas en las últimas semanas, López ha dedicado sus recientes apariciones en medios a hablar de un “renacimiento de la esperanza” en el país (!). Se refería, por supuesto, a lo “atractivo para las inversiones” que según él resulta hoy el Perú, a contracorriente de la cobertura de las agencias internacionales, en las que el “Perú” es en estos momentos sinónimo de inestabilidad y crisis.

En estas circunstancias, es necesario tratar de entender el uso político del gobierno de la capital, que desde hoy 1º de enero estará en manos de personajes como López Aliaga, Renzo Reggiardo, Norma Yarrow, Julio Gagó o Fabiola Morales. Si con Castillo en Palacio, Lima debía ser un “bastión anticomunista”, ya con Castillo fuera de escena y con la derecha como parte de la alianza de poder actual, lo que veremos es una profundización de la lógica de “Lima versus el resto del Perú”.

Lo primero, ya en curso, es un intento de normalizar la situación, apoyándose en la minoría racista y clasista que se concentra en la capital. Para la Presidencia, el gabinete y la prensa tradicional de Lima, se trata de “diálogo” y de publicar fotos grupales que muestren apoyo a Boluarte, pues en Lima “todo está tranquilo” y lo único que queda es esperar las elecciones del 2024 y las “importantes reformas” desde el Congreso. Los “resentidos” deben aceptar que “ya perdieron” y escuchar con resignación las condolencias que ya se les ha hecho llegar, en castellano y en quechua.

Para mantener esa falsa normalidad, además de la amenaza de la actuación sin control de la policía y las fuerzas armadas, en y desde Lima, las autoridades se empeñan en cortar de raíz cualquier asomo de descontento o de organización, apelando a la represión y al terruqueo. Ya lo estamos viendo: la Plaza San Martín, por ejemplo, permanece bajo irregular control policial y militar, corriendo la misma suerte de otros espacios públicos emblemáticos, en los que se atenta contra el derecho a la protesta, bajo la excusa de que los manifestantes “no son de Lima” y deben “regresar a sus regiones”. Pero lo que diga gente como López Aliaga o lo que reproduzca la prensa concentrada goza cada vez de menos credibilidad. Más allá de esa minoría racista y clasista, en Lima conviven quienes buscando superar una histórica exclusión como la que hoy anima las movilizaciones construyeron una ciudad provinciana y diversa, lejos de la soberbia revanchista de la nueva autoridad metropolitana.