Falta un empujón, por David Rivera

El nuevo choque entre el Ejecutivo y el Legislativo ha creado la expectativa de que, ahora sí, está cerca un desenlace definitivo para la crisis política. Que haya sido el propio gobierno el encargado de mandar el mensaje –con la cuestión de confianza– de que estaba dispuesto a dejar sin “trabajo” a los congresistas, parecía el incentivo que faltaba para que 87 de ellos decidiesen vacarlo.

Pero nada está asegurado. Entre los congresistas que no quieren perder una fuente de trabajo que nunca más tendrán; los comprados de diferentes maneras por el gobierno de Castillo; la manipulación del sector de la izquierda que “argumenta” que la vacancia sería caer en el juego de la derecha; y el cerronismo que sigue negociando sus votos, aún hay –al menos– 44 que sostienen al gobierno más burdamente corrupto e inepto del que tengamos recuerdo desde Alan I.

Ahora bien, aunque a paso lento, el escenario sigue configurándose para la posible caída de Castillo. Por un lado, que Dina Boluarte no haya firmado la cuestión de confianza del Ejecutivo; que haya decidido no continuar en el gabinete; y que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales haya recomendado archivar la denuncia con la que se buscaba inhabilitarla para ejercer cargos públicos, está dejando el camino abierto para que, ante una eventual caída de Castillo, ella asuma la Presidencia sin que los congresistas vean amenazados sus puestos de trabajo. Igual sucedería si el camino fuese la suspensión de Castillo, ya aprobada por la Comisión de Constitución –también la semana pasada– y que requiere 66 votos en el Pleno.

Por eso, estos serían los escenarios políticamente más viables (no necesariamente legales). El problema es que implicarían negociar los votos de los bloques congresales que hoy sostienen a Castillo, entre ellos el cerronismo. Una muestra del juego y señales que envía Cerrón son los cuatro votos de Perú Libre de los 73 que aprobaron tramitar la moción de vacancia (“de mí depende”). ¿Es viable políticamente un gobierno de Boluarte en el que dichos bloques, así como los de la derecha que han buscado la vacancia desde el día 1, tengan un espacio? Considerando los pactos que hemos visto hasta hoy, ¿qué tipo de acuerdos implicaría? ¿Serían aceptados por la mayoría de peruanos?

En paralelo, la Comisión de Constitución aprobó el proyecto de ley de adelanto de elecciones (sin la modificación del artículo 117 de la Constitución para incorporar la posibilidad de que el Presidente sea investigado y denunciado durante el ejercicio del cargo por delitos de corrupción). Su aprobación final requiere de solo 66 votos y un referéndum que podría organizarse en seis meses. De las opciones existentes para “superar” la crisis en curso, esta última es la legal y políticamente más conveniente. Pero en la medida que implica que se vayan todos, parece difícil que haya 66 congresistas dispuestos a perder su curul.

Más aún, porque sabiendo que la mayoría de congresistas quiere quedarse, Castillo seguirá buscando hacer lo único que ha aprendido: comprar intereses particulares. Ahí está la negociación del Presupuesto Público 2023, o el intento de Produce de derogar la ley que fortalece la lucha contra el tráfico de flora, fauna y recursos marinos, promovida por una congresista de Fuerza Popular con la que se reunió él mismo.

Seguramente continuarán apareciendo evidencias contra Castillo (pronto hablarán los involucrados en el caso Petroperú). Si bien lo más probable es que no exista la prueba que lo involucre directamente, sí habrá (ya hay) evidencia suficiente de su liderazgo en las redes de corrupción tejidas desde Palacio.

Sin embargo, con una sociedad civil apática, y sin líderes políticos –externos a los poderes del Estado– con la legitimidad y las ganas necesarias para convocar a una gran movilización ciudadana que empuje una salida a la crisis, aún no está claro si esta se dará.