Inocencia interrumpida en Perú, por Nancy Arellano

Por: Nancy Arellano (*)

En términos de retorno de la inversión social, según señala James Heckman, Nobel de Economía, por cada dólar invertido en la primera infancia hay un retorno social de hasta 17 dólares en la adultez. Lo que representa un imperativo ético con probada sostenibilidad; y que involucra a 8,5 millones de niños, niñas y adolescentes en el Perú.

Absolutamente todos los niños, niñas y adolescentes tienen, en el marco de la Constitución peruana, plenos derechos; incluido el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que implica que puedan desarrollar sus talentos e intereses. Esta facultad, a su vez, presupone el deber del Estado de generar los espacios para que ello ocurra. Todo derecho de alguien tiene el doble imperativo del deber de alguien más, en este caso el Estado.

La población en territorio peruano involucra no solo a los nacionales, sino también a migrantes, los que hoy se cuentan en más de 200 mil, según las cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes 2022. Del total de niños, niñas y adolescentes de origen extranjero, solo el 40% accedió a servicios educativos y el 70% se encuentra en una difícil situación de garantía de entornos seguros en términos de alimentación, acceso a la salud y de prospección de continuidad de estudios técnicos o superiores; pese a que sus padres puedan contar con educación técnica o superior universitaria. Esto se traduce en un revés imperdonable intergeneracional, que amenaza con revertir la lógica de movilidad social producto del fenómeno de la migración, y que impacta en indicadores sociales y económicos que imponen retos pendientes en la gestión de la gobernanza migratoria a casi un quinquenio de la adopción de los primeros instrumentos en materia de migración en el territorio.

La deuda social se engrosa ampliamente cuando compromete no solo a las generaciones presentes, sino que impacta en las futuras. Nuestro deber como sociedad no convoca solo a atender el hoy, sino a prepararnos para el mañana. Mientras no apostemos por nuestro futuro de manera consistente, este será, en efecto, incierto. Y no me refiero a la incertidumbre de no saber qué nos depara el mañana, sino a la certeza de un futuro con serios déficits estructurales en términos de precaria movilidad social, aumento de la informalidad, de difícil aumento de la competitividad y productividad laboral, y con ello el sostenimiento o empeoramiento de las brechas fiscales y reducción de la base tributaria: mayores grados de pobreza. Todas consecuencias de una población económicamente activa divorciada de la respuesta a las necesidades del aparato productivo nacional y alejada de las capacidades técnicas necesarias para aumentar la competitividad del país.

El mañana se siembra hoy, y depende de acciones decididas, que en el tema de migración empiezan por la regularidad migratoria y la construcción de soluciones duraderas en materia de identidad que lleven a la obtención de una calidad permanente. Para ello no solo hace falta que los niños, niñas y adolescentes obtengan un carnet de extranjería, sino que este sea con una de las calidades migratorias que habilitan el paso a soluciones duraderas, como es el caso de la calidad “en formación” que es solo viable si los niños y adolescentes están cursando estudios, los cuales garantizan el ejercicio del derecho al desarrollo libre de la personalidad y que son la llave para el cumplimiento, no solo del deber del derecho a la identidad, sino de la protección e integración de cualquier individuo en su comunidad, más aún de los migrantes por los propios retos que impone el proceso de encuentro con “el otro” y lograr dar paso a un “nosotros”.

En ello trabajamos desde Cedro, Veneactiva y cientos de organizaciones con enfoque social; una integración que no deje a nadie atrás y que no vea a nadie como “extraño”.

(*) Directora de Proyectos de Migración de CEDRO