Aborto, por Marisa Glave

El 28 de septiembre fue el día de acción global por un aborto legal y seguro. Desde 1990, por iniciativa de feministas de América Latina, en el mundo entero se realizan movilizaciones y protestas ciudadanas para recordar a los Estados y a las sociedades que aún miles de mujeres, adultas y niñas, mueren a causa de abortos clandestinos. Para recordar que la penalización del aborto es la evidencia de una doble moral de nuestras sociedades que, lejos de reducir las tasas de aborto, lo que logran es estigmatizar a las mujeres y ponerlas en situación de riesgo.

La propia OMS ha señalado que una de las principales causas de muerte materna son los abortos mal practicados. Dada su clandestinidad, las mujeres quedan totalmente desprotegidas, en muchos casos en manos de personas poco calificadas, en instalaciones inadecuadas y bajo procedimientos riesgosos. Al ser considerado un delito, la posibilidad de acceder a información seria o de denunciar una mala práctica se reduce.

Las feministas denuncian hace muchos años que el aborto seguro se ha vuelto un tema de la clase social a la que se pertenece. Si tienes información, contactos y recursos, puedes hacerlo de manera segura. Si no los tienes, estás sujeta al azar y en alto riesgo. Penalizar el aborto entonces agudiza las brechas sociales y aumenta la vulnerabilidad de mujeres en situación de pobreza.

Pero lo perverso es que se sabe que la penalización no reduce el aborto. El aborto se practica hace muchísimo tiempo, antes incluso de la fundación de la República. La penalización lo que hace es mantener vigente un sistema social, patriarcal, que busca disciplinar a la mujer bajo la estigmatización, el aislamiento y la vulnerabilidad. Lo que hace es frenar al ejercicio de la libertad plena de las mujeres. Si quieren decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, tienen que hacerlo en secreto, sin poder hablarlo con libertad, sin acceso a información y sin seguridad.

En promedio en el Perú 5 niñas menores de 14 años que fueron violadas se vuelven madres al día. Ellas son forzadas a mantener embarazos a una edad en la que sólo deberían poder ser niñas ¿Por qué el Estado debe obligarlas a mantener un embarazo tras una violación cuando no pudo ni protegerlas antes? ¿Cómo es posible que se defienda la penalización del aborto en este tipo de casos?

En lo que va del año 34,048 adolescentes entre 15 y 19 años se convirtieron en madres. Los embarazos adolescentes en el país perpetúan el círculo de pobreza y violencia. Penalizar el aborto y negar la sexualidad de la juventud no reducirá las cifras. Necesitamos educación sexual integral para que adolescentes puedan decidir con información. Necesitamos acceso a métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados y los abortos. Pero también necesitamos el acceso a abortos seguros y legales, para evitar la muerte de miles de mujeres que de lo contrario se seguirán practicando abortos en la clandestinidad.