Fertiabono: una medida a repensar, por Angie Higuchi

Por Angie Higuchi. Profesora e investigadora de la carrera de Administración de la Universidad del Pacífico.

Pese a la urgencia para la campaña 2022-2023, se “cayó” la tercera licitación de la compra de urea por 65 mil toneladas. Este proceso de adquisición tenía como meta beneficiar a 250 mil pequeños agricultores de menos de cinco hectáreas que actualmente se encuentran a la deriva.

El Gobierno como anticipándose a este resultado, lanzó el bono económico “fertiabono” que beneficiaría a unos 370 mil agricultores de menos de 10 hectáreas para que puedan comprar directamente el fertilizante a las casas comerciales. Esto, en un contexto en el que los importadores han comprado el fertilizante a un precio alto en el mercado internacional a principios de año, por lo que el costo de saco de urea actualmente supera incluso los 250 soles.

Pese a este nuevo esfuerzo, la pregunta clave que se hacen todos los peruanos es si esta medida llegará a funcionar cuando la campaña agrícola grande ya comenzó.

Está demostrado que la entrega de bonos no necesariamente termina atacando el problema principal. En el caso de “fertiabono”, no se exige una contra entrega de un comprobante que acredite que hubo una compra de fertilizante y que se deba compensar por esto. Al no existir esta exigencia, el agricultor tiene plena libertad para comprar fertilizante y revenderlo en el mercado negro o, peor aún, utilizar el dinero para otros fines.

En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que no todos los cultivos y zonas necesitan fertilización en el Perú de forma estandarizada. La región costera es aquella que requiere mayor fertilización, sobre todo, en cultivos prioritarios como el arroz, papa y maíz amarillo duro.

Son los agricultores que se encuentran en zonas de alta fertilización, los que deben tener alta prioridad, por lo que una distribución equitativa de los recursos para 41 cultivos no es la mejor estrategia para el mayor provecho de los mismos.

Tercero, este “fertiabono” se basa en un nuevo padrón en proceso de construcción. Muchos agricultores desconocen que deben registrarse para ser beneficiados y no todos cuentan con los medios tecnológicos para inscribirse rápidamente en este padrón especial.

Asimismo, sin mucho presupuesto por parte del Midagri, la construcción de esta nueva base de datos es compleja y lenta para tomar decisiones de forma inmediata. Especialistas mencionan que el padrón está actualmente en un 20% de avance del total de agricultores.

Finalmente, se desconoce cuáles son los resultados que se van a tener a corto y mediano plazo –sobre todo cuando es claro que este “fertiabono” no beneficiará a todos los agricultores afectados– así como cuál será el mecanismo de control de entrega del “fertiabono” para que exista transparencia.

Hasta el momento no se comprende por qué no se tiene un sistema de información completo y actualizado que permita una toma de decisiones más precisa y rápida o, en todo caso, utilizar uno existente como el padrón de junta de usuarios y/o de las comisiones de regantes.

Comparto la opinión del investigador Eduardo Zegarra de GRADE sobre que este problema debe atacarse desde el lado de la oferta. Es decir, que se le aplique un descuento en el saco de urea que se venda al agricultor desde la casa comercial, lo que permite un mayor control y efectividad. Esta propuesta atenderá el principal problema de falta de fertilización del campo que acarrearía decrementos en los rendimientos.

Es inaudito que, ante una inminente crisis alimentaria, hasta el momento no exista un pronunciamiento de la comisión de alto nivel de seguridad alimentaria con medidas claras y efectivas. En este sentido, es imprescindible trabajar en conjunto con la sociedad civil y la academia, entre otros, para que se pueda proveer de soluciones técnicas en pro de un solo objetivo: salvaguardar la seguridad alimentaria del Perú tan venida a menos el próximo año.