Contra la corriente

Genaro Comisario fue asesinado el pasado 3 de agosto. El líder awajún es el defensor ambiental número 30 que ha caído en defensa de su tierra amenazada por el narcotráfico, así como también por la tala y minería ilegales, etc.

El Acuerdo de Escazú obliga a los Estados miembros a aplicar planes para evitar que se ejecuten las amenazas que se ciernen sobre las comunidades nativas y sus territorios. En el caso peruano, los procesos judiciales se ventilan como delitos comunes con el consabido retardo en el accionar legal. Por ello, la impunidad es un grave peligro al que se enfrentan los familiares de las víctimas.

Es el primer tratado en su tipo de América Latina y el Caribe, entró en vigor el 22 de abril del 2021, y es el único en el mundo en el que se incluyen disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Al imponer obligaciones a los gobiernos en relación con el trato a los defensores medioambientales, se fortalece el vínculo entre los derechos humanos y la protección ambiental, según el propio secretario general de las NNUU.

Manuel Rodríguez Cuadros, exrepresentante peruano ante ese organismo, ha afirmado: “Ya suman 29 los defensores de derechos ambientales asesinados en la Amazonía. Este hecho socava los valores de toda sociedad democrática. La protección de los defensores es prioridad de la diplomacia del Perú en NNUU. Es indispensable ratificar el Acuerdo de Escazú”. El diplomático presentó su renuncia al cargo una vez conocido el reemplazo del excanciller César Landa.

El propio presidente Castillo al asumir el Gobierno recordaba a los pueblos originarios y su dramática experiencia durante el boom cauchero. La esclavitud, la trata de personas y la violencia que padecieron fueron extremas.

Por ello, resulta contraproducente que el canciller peruano Miguel Rodríguez Mackay pida que Escazú se archive. Lo hizo como comentarista de opinión y ahora lo reafirma como titular de Relaciones Exteriores. Es inédito que un integrante de Torre Tagle se pronuncie contra un instrumento promovido por las Naciones Unidas y del que el Perú fue uno de los impulsores iniciales más entusiastas.

Se anuncian movilizaciones para que se ratifique el acuerdo, archivado en el Congreso, y para que el Gobierno de Castillo encuentre el rumbo en materia ambiental.