Perú: milagro económico y debacle institucional

En el Perú, durante las primeras décadas del 2000, vivimos un crecimiento económico sostenido que llamó la atención de la comunidad internacional. Incluso, se llegó a hablar de esta bonanza como “el milagro peruano”. Para el 2008, la proyección era crecer a 8% (como sucedió en 2007). Crecimos 9%. Para el 2013 ya se había más que duplicado el PBI en comparación con 1999.

Esto hizo que millones de hogares logren salir de la pobreza. En tan solo diez años, logramos reducir 23 puntos porcentuales nuestro indicador de pobreza. Más niños y niñas empezaron a asistir a las escuelas y cada vez más hogares tenían acceso a celulares e internet. En la agenda pública se discutía sobre la posibilidad ser miembros de la OCDE. Éramos el ejemplo a seguir, éramos imparables. Entonces, llegó el 2020 con la COVID-19 bajo el brazo.

En cuestión de meses comenzamos a caer en picada. Perú fue el país que, en el 2020, llegó a tener más muertos por millón, la mayor caída del PBI y el que, a su vez, tuvo las medidas más restrictivas para combatir el covid. Más de 250 mil niños dejaron de estudiar por no tener acceso a internet en sus hogares ni dispositivos tecnológicos desde donde seguir la clase. ¿Qué nos pasó?

El presidente Pedro Castillo no es causa de la actual debacle institucional, sino consecuencia de ello. Nuestros cimientos institucionales han sido débiles siempre. Lo que estuvimos viviendo en el Perú fue una fantasía que nos permitió, por un tiempo, vivir en piloto automático, dejando que el mercado resuelva todo lo que podía resolver. Hemos sido ese alumno aplicado que cumplió con todo el check list de las reformas macroeconómicas que nos pidieron las multilaterales, ¡y vaya que nos ayudaron!

Pero no hemos sabido, por nosotros mismos, construir nuestras propias capacidades para atender los problemas públicos. Acemoglu y Robinson sostenían que la capacidad de un Estado es su habilidad para conseguir sus objetivos, tales como hacer cumplir las leyes, resolver conflictos, regular y gravar la actividad económica y proporcionar infraestructuras u otros servicios públicos. El Perú aún no ha aprendido esto.

Con el gobierno de Castillo, la situación es mucho más preocupante porque el riesgo no está en no poder fortalecer la institucionalidad sino en destruir lo poco que se construyó. Al destruir lo poco avanzado, se da el espacio para fortalecer a las instituciones informales y tóxicas que han estado presente en el país, como la corrupción, el clientelismo, el tráfico de drogas, oro y madera ilegal, etc.

El miedo no pasa porque se trate de un gobierno de izquierda sino que se trata de un gobierno que se puede poner de acuerdo con el otro extremo para tomar decisiones contrarreformistas. Para acabar con esto, se busca hacer una reforma política. La teoría apunta a que una reforma política traerá mejores políticos y, por tanto, mejores decisiones de política pública.

El problema, a mi juicio, es que estamos obsesionados con el foco equivocado. Estas reformas son muy importantes, pero nos distraen de las imprescindibles: la discusión sobre las reformas que necesita el Perú deben estar alrededor de fortalecer la capacidad estatal para implementar políticas públicas efectivas. Estas capacidades no se aseguran aprobando leyes o cambiando la Constitución.

Un adelanto de elecciones por sí solo tampoco va a asegurar que los futuros políticos sean mejores que los anteriores. Por ello, la gran reforma debe permitir un cambio institucional que desarrolle un ecosistema que promueva un mejor comportamiento y que repele aquel que nos hace daño. La clave está en apuntar a este desafío, de lo contrario seguiremos yendo en círculos una y otra vez sin importar si adelantamos elecciones o si tenemos una o dos cámaras en el Congreso.