El Archivo General de la Nación

Una resolución judicial en última instancia ha ordenado el desalojo del Archivo General de la Nación, AGN, de las instalaciones que ocupa en el sótano del Palacio de Justicia. Ha sido un proceso muy singular porque el Poder Judicial ha sido juez y parte. Como era de esperar, ha ganado la contienda. Pero, visto desde el punto de vista del AGN, esta decisión es buena porque los documentos nacionales deberían salir de ese lugar: húmedo, mal ventilado y sumamente estrecho.

El AGN es la institución que guarda toda la documentación pública y la notarial desde la era colonial hasta nuestros días. Esos documentos son la materia prima de la historia y constituyen su fundamento principal. Es inconcebible que en el año del bicentenario el AGN tenga una orden de desalojo y no tenga a dónde mudarse. Esta situación muestra la pérdida total de noción del Estado sobre sus funciones básicas.

Además, el AGN contiene el archivo notarial, donde se hallan los protocolos de negocios y trámites privados de interés público. Esta sección se incrementa anualmente con los archivos de los notarios fallecidos y es muy consultada en diversos juicios. No es una sección usada solamente por historiadores sino por la ciudadanía envuelta en litigios judiciales. Esta sección clave para la vida legal de las personas también está al borde de ser echada a la calle. La memoria histórica del país y los recursos legales de la gente le importan poco al Estado.

¿Cómo se ha llegado a esto? Es un enredo difícil de entender, menos de aceptar. Para empezar, desde hace años existe una ley para que el AGN disponga de local propio. Luego, esta institución es propietaria de un terreno en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, y existe un proyecto de edificio aprobado, que cuenta con concurso público culminado exitosamente, diseño arquitectónico completo y encima presupuesto asignado por el MEF. Todo quedó listo desde el gobierno de Ollanta Humala, hace unos ocho años. Pero, siguiendo una tradición nacional, se acuerda en el papel y no se lleva a la práctica. Un poco por mala fe y otro por deficiencia de gestión, pero al AGN se le ha malogrado el pan en la puerta del horno.

Por otro lado, el proyecto no ha sido consensual, ha habido bastantes críticas incluyendo los potenciales peligros de la ubicación. Pero, así se siga adelante con el proyecto actual, que parece lo único racional, la construcción del edificio ha de tardar unos tres años. ¿Y mientras tanto? Ante esta crítica situación ha aparecido una opción de traslado al antiguo Correo Central, situado a una cuadra de la plaza Mayor.

Para empezar, este local es propiedad del mismo Mincul, al cual pertenece el AGN. Es decir, el Estado podría salvar parte de su responsabilidad con esta transferencia, puesto que Serpost ha dejado este local y el día de hoy está desocupado. Además, en el primer piso se halla desde hace años la sección colonial del AGN. Es decir, colonia está salvado y son la sección república y notarías las amenazadas de desalojo que se hallan buscando cobijo. Entonces, parece viable reunir en el antiguo Correo Central toda la documentación del AGN y esperar la construcción de un edificio propio que cumpla los requerimientos.

Pero ese mismo traslado necesita trabajo previo. Los fondos lamentablemente no están catalogados y ni siquiera están inventariados, en casi 80%. Si se traslada así, se va a extraviar y quedará enredado para siempre. Por ello es indispensable inventariar en el Palacio de Justicia antes de trasladar el material. Es una emergencia que puede resolverse colaborando entre la comunidad académica y el Estado, que basta que asuma su misión, decida rápido y convoque a los especialistas.