Nueva oportunidad

La transición hacia el uso de energías limpias para evitar peores efectos del cambio climático promete generar un superciclo de elevados precios de los metales. La Agencia Internacional de Energía estima que las fuentes renovables aumentarían del actual 10% hasta un 60% en el 2050. Asimismo, que el uso de combustibles fósiles se reduciría de casi el 80% del total a alrededor del 20% para ese momento.

Las inversiones que implicará dicho proceso conllevarán un fuerte incremento de la demanda de metales. El FMI señala que, para minerales como el grafito y el vanadio, las reservas existentes permitirían una mayor producción a través de inversiones en extracción. Pero para otros como el litio, el plomo, el zinc y la plata, las reservas actuales serían una restricción para la demanda futura.

Así las cosas, el Perú tendrá una nueva oportunidad para que dicho boom no sea solo una fiesta pasajera y de crecimiento económico, sino una palanca para generar procesos de desarrollo. Que eso sea posible depende de muchos factores. El más importante es la necesidad de definir una agenda prioritaria consensuada que nos permita construir ese proceso.

En ese escenario, si una responsabilidad le toca a este gobierno, es plantear una hoja de ruta mínima sobre la cual sea posible avanzar hacia ese objetivo. Pero la posibilidad de conseguirlo trasciende al gobierno. Mientras la polarización política siga siendo la variable que define la agenda pública de prioridades, seguiremos retrocediendo. Porque dicha polarización es alimentada por sectores informales e ilegales a quienes no les interesa tener una visión de país ni intereses alineados con fines superiores a los de ellos, sino que, por el contrario, todo aquello que signifique institucionalidad, reformas, reglas de juego, estabilidad, les resulta un obstáculo.

En lo que respecta específicamente a la minería, el elemento crítico de la legitimidad social depende de dos variables relacionadas entre sí: sostenibilidad ambiental y social.

Sobre la primera, un artículo publicado por Reuters (https://www.reuters.com/article/mining-protests-ahome-idCNL1N2T1140) llama la atención sobre los conflictos sociales por proyectos mineros en la Unión Europea. En él se constata que la preocupación y resistencia de poblaciones locales frente a los pasivos ambientales de la minería no es un fenómeno exclusivo del Perú.

En este sentido, se necesita solucionar pronto los pasivos ambientales que ha dejado la minería (y la actividad petrolera) en diferentes partes del país. Asimismo, fortalecer la institucionalidad ambiental para que tenga la capacidad de garantizar que la actividad minera se desarrollará sin poner en riesgo las condiciones de vida de las comunidades del entorno ni otras actividades productivas como la agricultura. Los altos precios de los minerales generarán niveles de rentabilidad que deberían permitir a las empresas asumir las inversiones que sean necesarias para cumplir con esos objetivos.

Sobre la sostenibilidad social el reto es aún mayor. El reciente conflicto en Las Bambas refleja que, en diversos ámbitos, las comunidades no se oponen a la minería, pero que sí aspiran a obtener mayores beneficios de ella, así como garantizar el respeto a sus derechos. Ya no se trata solo de acceso a servicios esenciales que el Estado no ha podido garantizar, sino también de asegurar medios de vida a partir de la minería.

Sin embargo, hay otros casos en los que las comunidades tienen una posición legítima distinta. Por ello, resulta indispensable un debate serio y amplio sobre minería y desarrollo, que incluya temas como el postergado ordenamiento territorial, ecosistemas frágiles, entre otros. No nos engañemos, sin eso no habrá la paz social necesaria.

Considerando todo lo anterior, los problemas y retos para el desarrollo de la actividad minera son a su vez una oportunidad para solucionar problemas estructurales del Estado peruano. ¿Aprovecharemos esta nueva oportunidad a la vista?