La derecha antiprogreso

En medio de un escenario de confrontación y precariedad políticas, tanto del gobierno como del Congreso, asoman unos pocos hechos relevantes y que permiten cuestionar mitos que resultan necesarios derrumbar si queremos avanzar hacia una verdadera economía social de mercado.

El Congreso ha aprobado por amplia mayoría la ley –presentada por el congresista Carlos Anderson– que obliga a que las facturas y los recibos por honorarios emitidos por las mypes sean pagados en un plazo máximo de 30 días. Se trata de una medida aprobada en Chile por un gobierno de derecha, que existe en otros países de la Alianza del Pacífico e incluso de la OCDE con anterioridad, pero cuya aprobación en el Perú fue contenida por el lobby empresarial y mediático. ¿Por qué esta ley es importante?

He tenido la oportunidad de ser accionista en dos microempresas, una de ellas la revista PODER, y a partir de ello me es posible afirmar que, en ambos casos, el año de su mayor crecimiento, el que debía marcar el punto de quiebre de ambos emprendimientos, fue a su vez el inicio del fin. En dichos años, ambas experimentaron un importante crecimiento en sus ventas, lo cual permitió que fuese el primer período con estados de ganancias y pérdidas balanceados o incluso con una ligera ganancia. ¿Qué fue lo que pasó entonces?

En ambos casos, el personal era fundamental para el modelo de negocio. Así, en el caso de la revista, el pago de las remuneraciones debía hacerse como máximo a fines de cada mes, mientras que en el otro emprendimiento, cada semana siguiente a la prestación del servicio. Sin embargo, los principales clientes de ambas mypes eran grandes empresas, cuyas políticas establecían el pago de facturas en 60 días como mínimo y algunas (como Movistar) en hasta 180 días.

Fue así que el año de mayor crecimiento en las ventas se convirtió también en el que se necesitaron de mayores recursos financieros para cubrir el hueco existente entre la necesidad de pagar al personal y el tiempo que las grandes empresas se tomaban en pagar sus obligaciones mientras aprovechaban esos recursos para sacarles rentabilidad. Esa realidad se convirtió, así, en el principal desincentivo para crecer.

Una de las dos empresas, sin espaldas financieras para cubrir esa realidad, se extinguió al año siguiente; la otra aguantó hasta que uno de los accionistas estuvo dispuesto a cubrir la ilusión del crecimiento.

¿Cómo fue posible que dicho mecanismo haya durado tanto tiempo siendo tan claro que perjudicaba directamente a las mypes en beneficio de las grandes empresas? ¿Cómo así, en paralelo, los gremios empresariales se llenaban la boca abogando por políticas para promover la formalización y, entre ellas, para reducir los costos laborales? ¿Cómo así pasaron ministros de Economía y de las carteras productivas sin solucionar un problema tan sustantivo cuando se suponía que en su agenda prioritaria estaba el crecimiento y la formalización de las mypes? ¿Cómo así se priorizaron medidas paliativas como el factoring que claramente no iban a solucionar tamaña injusticia en una economía que se pretendía presentar como “social de mercado”? ¿Cómo fue posible que medios de comunicación que intentaban promover el emprendedurismo a la vez hayan permanecido mutis frente a esta especie de bipolaridad?

Ello fue posible porque si bien la derecha logró adjudicarse el atributo de ser los únicos que promovían el libre mercado, la inversión privada, el crecimiento económico y la formalización, en realidad buena parte de su defensa del modelo estuvo y sigue alineada con la protección de los intereses de unos pocos. Parecían y siguen pretendiendo parecer los propietarios de la agenda del progreso, pero tanto en este tema como en otros más, se encargaron de promover precisamente todo lo contrario.