Olla común en emergencia

En la celebración del Día Mundial de la Alimentación y en el marco de una pandemia que ha destruido las economías familiares, en especial de quienes menos tienen, es muy pertinente destacar el rol que cumplen las ollas comunes, que indudablemente constituyen una estrategia eficiente para reducir el riesgo del hambre entre los más vulnerables.

La propia primera ministra Mirtha Vásquez ha asegurado que las ollas comunes “son un actor político fundamental” en nuestro país. Ella asistió a un encuentro con lideresas de estos programas sociales de diferentes puntos de la capital, quienes plantearon algunas demandas urgentes para garantizar la alimentación popular.

Según datos de la Municipalidad de Lima, se ha logrado registrar hasta la fecha unas 2.447 ollas comunes con las que se atienden a cerca de 250 mil personas, que obtienen en las organizaciones vecinales de este tipo su único sustento. Este es un número provisorio porque hay muchos de estos centros de alimentación que no han cumplido con registrarse, por lo que la cifra podría variar considerablemente.

¿Qué piden los representantes de las ollas comunes? Que las declaren en emergencia alimentaria, que les aumenten el presupuesto en el 2022, que se les incluya en la estrategia de hambre cero y que se le dé un nuevo enfoque y mayor volumen de recuperación a los alimentos que día a día se desechan en terminales y mercados de abasto, para que estos productos vayan a reforzar esas instancias de asistencia ciudadana.

Una estrategia de sobrevivencia que ha logrado paliar los efectos de anteriores crisis económicas, desempleo masivo e incluso enfrentar los efectos de desastres, puede muy bien ser ahora una articuladora de las intervenciones mucho más integrales del Estado para rebajar los efectos de la pandemia y contribuir a la recuperación paulatina de los más pobres al aparato productivo, porque siguen estando más propensos a sufrir los efectos del hambre y la desnutrición.

La seguridad alimentaria es un concepto más rico y complejo que existe cuando “todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”, conceptualiza la FAO.