Que vuelvan los abandonados

In memoriam de Bruno Seminario (1956-2021)

Hasta los 80, la pobreza no era un tema de estudio en América Latina ni en el mundo. Las variables más relevantes eran el empleo y la distribución del ingreso nacional. El aumento del empleo estaba íntimamente ligado a los asalariados, sobre todo en las actividades industriales, de servicios (comerciales, financieros), en el sector agrícola, minero y de hidrocarburos.

La distribución del ingreso está relacionada con el “reparto de la torta” y se ponía especial énfasis en avanzar —poco a poco— hacia una nivelación de los distintos sectores sociales, con el objetivo de recortar las distancias salariales.

Este enfoque fue abandonado en los 80. En 1990 el Banco Mundial publicó su Informe Anual con el título “Pobreza”. Y afirmó que “su sueño” era “un mundo sin pobres”. Se definió que los pobres eran aquellos que no ganaban una cantidad de dólares al día (uno o dos dólares diarios).

La herramienta principal de política fue la apertura de la economía —que traería inversiones en infraestructura y empleos— así como la provisión de servicios básicos a los pobres en salud y educación. De manera explícita se dejaron de lado las políticas de impulso al desarrollo productivo, ya que formaban parte del “viejo modelo”, que había que abandonar.

No es casualidad que, también en 1990, se lanzara el Consenso de Washington que propuso —y logró— liberalizar y desregular la economía, así como la privatización de las empresas estatales. El liderazgo provendría del sector privado, pues “el Estado es siempre parte del problema, nunca de la solución”.

Treinta años más tarde (hasta antes de la pandemia), la pobreza en el Perú bajó de 50% a 20% en solo 10 años ¿Exitosa la estrategia? Un momentito. La pobreza se redujo en gran medida por el superciclo de altos precios de las materias primas, debido a la industrialización de China, lo que dio lugar a un “boom” de crecimiento económico, que duró del 2003 al 2014.

Volvamos al principio. ¿Aumentó el empleo en los sectores productivos? Creció, sí, pero poco en términos relativos. Lo que sí creció, y fuerte, fue el sector informal, que hoy ocupa al 70% de la población. Son los “emprendedores” (trabajan “a cuenta propia”). Muchos ya no son pobres. Ojo, son “no pobres vulnerables”, pues sus ingresos están muy cerca de la línea de pobreza.

¿Disminuyó la distribución desigual del ingreso? Poquísimo. Un reciente informe del WIL dice que el 50% más pobre en Colombia, México, Perú y Chile, en el 2018, solo recibe el 12% del ingreso (ver gráfico). Y que el top 10% recibe, en Perú, el 47% de los ingresos (algo más en Chile y México). De su lado, el 1% más rico recibe, respectivamente, el 29%, 28%, 20 y 19% en México, Chile, Perú y Colombia (esas cifras no están en el gráfico).

Este informe contó con data de las Encuestas de Hogares (Enaho) y de las Cuentas Nacionales de los países. Y, para Perú, también con data del impuesto a la renta, proporcionada por Sunat (clave) para los años del 2016 al 2018. Por eso la desigualdad de este informe es superior a la de la Enaho, que subestima los ingresos de los sectores más pudientes.

Hay varias lecciones. La primera: el presupuesto de la República es el eje principal de la distribución del ingreso. Y nuestra presión tributaria es apenas el 14% del PBI. En Europa, la desigualdad antes de impuestos es parecida a la nuestra. Pero cuando estos se contabilizan, su desigualdad baja enormemente. La segunda: las reformas neoliberales no han sido capaces de impulsar el desarrollo productivo. Lógico: “eso le compete al mercado y el Estado no tiene por qué meterse”. Tercero, el chip de la subsidiariedad del Estado ha relegado la inversión en educación y salud para las mayorías, descuidando también la agricultura familiar.

La promoción del empleo productivo y la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso, abandonados en los 90, deben volver a la agenda económica y política. Pensemos en eso este domingo.