Un lastre que se arrastra de gobierno a gobierno, y que ha sometido a los adultos mayores y sus familias a un viacrucis permanente, es el tema pensionario. Las AFP fueron una solución parcial y permanecer en el sistema estatal de pensiones, un agujero negro.
Esta situación que pudo resolverse en este período de gobierno ahora será un presente griego para el nuevo mandatario, el 28 de julio próximo. La decisión del Tribunal Constitucional de derogar la ley que autoriza el retiro de los aportes de la ONP era previsible. La prohibición de tener iniciativa de gasto por parte de los legisladores y la negativa del Ejecutivo a buscar una solución integral que contemple los legítimos intereses de los pensionistas fue un cóctel que dio como resultado la Ley 31083, que hoy no le sirve a nadie.
Aquí hay una responsabilidad compartida. Los gobiernos que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos años, se mantuvieron indiferentes ante esta injusticia. No presentaron ninguna iniciativa para permitir que los exaportantes de la ONP reciban una pensión de acuerdo al tiempo aportado. También son responsables los congresistas de los anteriores Parlamentos.
El resultado de la demanda del ejecutivo al TC era esperable. Pero lo que realmente nos preocupa son las expectativas frustradas de cientos de miles de peruanos que habían puesto sus esperanzas en que se les haga justicia.
Un grupo específico de pensionistas víctimas de estos dimes y diretes son los trabajadores que cotizaron religiosamente durante 19 años y no lograron llegar a la meta de los 20 años, porque les falló la empresa para que la que trabajaban o por un azar del destino y la mala suerte. Y reciben ahora cero.
El anterior Ejecutivo presentó una propuesta que atendía a estos trabajadores dando pensiones según el tiempo de aportaciones. También esta iniciativa cayó en el vacío producido por un Congreso interesado en vacancias y un Ejecutivo debilitado y a la defensiva.
Se ha dejado en el limbo a 700 mil pensionistas que se mantendrán a la espera de una propuesta sensata que resuelva su situación. El MEF anuncia que insistirá con el proyecto presentado por la anterior gestión, pero nada asegura que en un período electoral y con un gobierno de transición se logre algo.
Parece imposible que durante el tiempo que aún le queda al actual gobierno se puedan atender las demandas de cientos de miles de peruanos y sus familias, que seguirán en el limbo de las esperanzas fallidas.