Golpe descubierto

El portal IDL Reporteros ha informado que el día 10 de setiembre el presidente del Congreso, Manuel Merino, llamó al jefe del Comando Conjunto de las FFAA, general EP César Astudillo, sin éxito, y al comandante general de la Marina, almirante AP Fernando Cerdán, con quien logró comunicarse.

Al oficial de la Marina, Merino le adelantó que el presidente Martín Vizcarra podría ser destituido por lo que él asumiría el gobierno y solicitaba garantías para que este proceso se lleve con normalidad. Ambos oficiales informaron de las llamadas al ministro de Defensa, general (r) Jorge Chávez Cresta, responsable político del sector.

Estas gestiones forman parte de la operación golpista en la que está comprometido Merino; UPP el partido de Antauro Humala, sentenciado por homicidio y rebelión; Podemos, el grupo de la familia Luna y su allegado Daniel Urresti; y varios legisladores de AP y APP. Al momento de las llamadas no se había presentado la moción de vacancia. No obstante, aún si los contactos se hubiesen realizado luego de la presentación de la moción, inclusive, es indudable que el presidente del Congreso tuvo el propósito de romper el carácter no deliberante de las FFAA dispuesta en el artículo 169 de la Constitución. Por extensión, su conducta se inscribe en la ley penal que sanciona la sedición.

Merino continuó el mismo día con sus gestiones para obtener la participacion activa o pasiva de los militares en la operación contra Vizcarra. En el hemiciclo del Congreso les pidió que guarden tranquilidad ante la vacancia. En ese mismo sentido se dirigió el vocero de AP, Otto Guibovich, un ex militar que secunda la intentona, al ministro de Defensa con el surrealista argumento que como las FFAA “son de la patria” pueden ser manoseadas por el presidente del Congreso. La defensa que ha intentado el congresista político-militar, lo compromete más.

Si Acción Popular, partido víctima de la arbitrariedad militarista, desea tener como vocero a un golpista, es su derecho, pero el Congreso no puede tener como presidente a un político sedicioso. No se trata ya de su ilimitada codicia por la presidencia de la República sino del uso sedicioso de una elevada posición pública. Si alguien ha caído en la figura de la incapacidad moral, además de cometer un delito tipificado en ley penal, es él.

En nuestra historia, no es la primera vez que políticos inescrupulosos recurren a los militares para que participen o arbitren sus disputas irresueltas. Ahora no lo han logrado, pero la sedición no puede quedar impune. La operación contra la democracia ha sido descubierta.