La gran revolución (digital)

La pandemia ha disparado la interacción digital que para la mayoría era un medio alternativo de relación social. “Lo digital” es y lo será en definitiva el principal recurso civilizatorio. Es la gran revolución que distribuye oportunidades y lamentablemente desigualdades.

El proceso implica un auténtico tsunami para varios países de A. Latina. El impacto encuentra a algunos con avances en infraestructura, acceso y conectividad, y a otros con demoras. Es el caso del Perú que poco antes de la pandemia estrenó su tercera agenda digital, y que experimenta por lo menos una década de retraso.

A pesar de ello, en cinco meses de emergencia se registra avances notables en el sector público y privado, aunque emerge el problema de fondo, la falta de una política integral en la emergencia y la debilidad institucional del organismo que lidera las acciones de gobierno electrónico.

Se aprecia sectores con claros progresos, como la Sunat, Reniec, EsSalud y la administración de justicia, y otros muy a la zaga, como Produce, Salud, Educación, Agricultura e Interior. La Sunat, el principal dinamizador digital del país, acaba de poner en valor el 100% de exportación, en tanto que en EsSalud se han disparado las teleconsultas, 41 mil en mayo y 404 mil en agosto, un mil por ciento de aumento. Esta institución ha desarrollado el Mapa de Calor conjugando tres bases de datos, del Reniec, Google Maps y los pacientes Covid-19.

En el Poder Judicial es notable el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) que entre mayo y julio recibió 173 mil documentos a nivel nacional. A junio de este año habían ingresado mil demandas electrónicas que dieron inicio a expedientes judiciales digitales. El EJE se aplica en 101 órganos jurisdiccionales en las especialidades comercial, tributario, aduanero y laboral.

El TC, hasta el 7 de julio, recibió 800 demandas mediante su ventanilla virtual, en tanto que el Ministerio Público instaló un sistema de mesas de partes para la presentación de documentos y denuncias en la Fiscalía Provincial Penal, la Fiscalía de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familia y correos electrónicos como mesas de partes virtuales en las fiscalías de Lima.

No obstante, los procesos se traban porque otras partes del Estado carecen de recursos virtuales y hasta de ventanillas digitales. Miles de decisiones del nivel central, regional y local que podrían adoptarse de modo remoto no se toman por falta de una asimilación efectiva de las tecnologías de la información. A inicios de agosto, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública reportó que de 30 entidades supervisadas, 4 no difunden información sobre la mesa de partes virtual en sus portales institucionales (entre ellos Congreso de la República y el Minsa), y que solo 3 publicaban información en la Plataforma de Datos Abiertos (MEF, Minsa y Midis).

El tiempo apremia. Debe actuarse para impedir que en el breve plazo la brecha digital cause mayores perjuicios. La pandemia ha ensanchado la desigualdad. Millones de niños y jóvenes de la educación pública no pueden proseguir su formación académica ya no por la pandemia, precisamente, sino porque no pueden acceder a tecnologías y/o conexión, o porque el emisor no puede reanudar el dictado de clases. La brecha digital no es una forma de injusticia; es la madre de varias inequidades.