Carta de José Antonio García Belaunde

Querido Mirko:

              Cuando leí el famoso Acuerdo de Escazú, que tanto debate propicia en el Perú, recordé la anécdota sobre Víctor Hugo, quien al leer la primera Constitución de la entonces Gran Colombia dijo: “Esto ha sido escrito para los ángeles”.

Este tratado sobre temas ambientales, ahora en el Congreso para su ratificación, consagra una batería de derechos para lo que denomina “el público”, esto es una o varias personas físicas o jurídicas, asociaciones, organizaciones, grupos, etc... En correspondencia el Estado debe asumir una miríada de obligaciones.

Así, se debe proporcionar la información que le permita al “público” conocer sus derechos de acceso. El único requisito para esta participación es ser nacional o residente en el país; no es necesario tener algún vínculo con el proyecto.

Para cerrar el ciclo se prevé que el Estado asegure la participación del público en las conferencias internacionales, que provea de órganos jurisdiccionales especializados y facilite los procedimientos para acceder a la justicia. Personas y organizaciones actuando siempre de buena fe, gobiernos actuando con diligencia.

Lo anterior tiene que ver con la capacidad del Estado peruano de cumplir con tantas obligaciones. Dudo que pueda hacerlo ahora o en corto plazo. Y eso preocupa porque el Acuerdo es tan desorbitado, que permite que un Estado demande a otro ante La Haya.

Así por ejemplo Antigua y Barbuda, que ya ratificó el Acuerdo, puede demandar al Perú, muy lejos de sus costas, si juzga que no aplica correcta o totalmente dicho instrumento. La verdad es que nunca se ha visto que un tratado de aplicación interna, que no regula las relaciones entre Estados,  permita recurrir ante la Corte Internacional de Justicia.

En el caso de los Derechos Humanos, los órganos jurisdiccionales son creados ad-hoc y para que recurran los nacionales del país, no otro Estado. ¿Es esto, como se está repitiendo, una violación o abdicación de nuestra soberanía? No, no lo es. Al aceptar una jurisdicción internacional, y el Perú ha aceptado varias como La Haya o el Tribunal Andino, se cede competencias, no soberanía. 

¿Qué hacer? Mi sugerencia es esperar a que entre en vigor y observar cómo funciona el Acuerdo durante los primeros tres años, plazo estipulado para que alguna de las partes lo denuncie y se libere de sus obligaciones. Luego decidir.

José Antonio