Argentina lucha por sus derechos: educación y salud en peligro por reformas de Milei

En los últimos meses, Argentina se ha convertido en el epicentro de un profundo debate político y social. La posible implementación de la Ley Ómnibus, conocida así por los 600 artículos presentados en primera instancia por el presidente Milei, ha suscitado una ola de reacciones en contra, evidenciando un país dividido.

Ante ello, La República se comunicó con Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), quien habló sobre las posibles consecuencias de aprobarse el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, también conocido como la Ley Ómnibus, y cuáles serían las acciones en este posible escenario.

—Debido a que distintos gremios, instituciones, ciudadanos de a pie y entre otros salieron a manifestar su posición, luego de que el presidente Javier Milei presentara el paquete de leyes con el que pretende ajustar el Estado, ¿cuál es la postura de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) frente a esta propuesta de ley?

—Nosotros estamos convencidos de que esta propuesta de ley no resuelve los problemas de Argentina, debido a que, cada vez que ha habido una crisis en el país, el Gobierno lo ha resuelto con una devaluación, y la devaluación en definitiva se come el sueldo de los argentinos. Y si esto sucede, las personas comprarán menos porque van a ganar menos. Esto generaría que la producción nacional, la producción de alimentos y la producción de insumos para el mercado interno terminen cayendo; de ser así, entraríamos en un círculo vicioso, del cual no saldríamos y terminaríamos empobreciendo cada vez más.

—Como CLATE, ¿cuáles son las acciones que tomarán para mostrar su posición sobre esta propuesta de ley?

—Por el momento los sindicatos se mantienen en estado de alerta y movilización. Por el lado de los jubilados, ayer han hecho una manifestación frente al congreso. Y con respecto a sindicatos del sector previsional, ellos han realizado una actividad denominada Ruidazo. Esta acción se centró en hacer ruido con pitos, cacerolas, entre otros objetos, desde distintas provincias de Argentina. A pesar de realizar diferentes acciones para mostrar nuestra posición, seguimos trabajando, concientizando, movilizando, hablando con los legisladores, como con distintos actores sociales del país, para lograr el rechazo de estas leyes.

—Al ser una propuesta legislativa controversial por la cantidad de reformas que busca realizar el presidente Milei, ¿cuáles serían las posibles consecuencias de aprobarse?

—De aprobarse este artículo, se estaría violando uno de los derechos fundamentales del ser humano. Todo da a entender que el Gobierno ha olvidado que nosotros tenemos derecho de reunión, libertad de organización, libertad sindical, libertad de reclamar, y el artículo 331 que propone Milei es un artículo de los estatutos de las dictaduras militares, y eso no pasa en la Nación argentina. Ni el legislador más trasnochado sería capaz de votar por una cosa así, porque es inconstitucional y nuestra constitución no lo permite.

—Se sabe que uno de los artículos presentados por el mandatario es el 331, que busca regular las protestas y obligar a pedir permiso si es que más de tres personas se quieren reunir en un espacio público. ¿Cómo ha tomado CLATE este ajuste?

—De avanzarse en esta política, el Estado recaudaría cada vez menos; es decir, el Estado argentino bajaría sensiblemente su recaudación, la población se vería obligada a pagar cada vez más por los mismos servicios. Nosotros, por ejemplo, somos un país que no importa combustible, tenemos petróleo y lo destilamos, y este proceso de estos últimos 30 días ha hecho, por ejemplo, que el litro de gasolina o nafta, como decimos nosotros aquí, aumente más del 100%. Entonces, si se llega a privatizar la empresa estatal y vamos a estar pagando un dólar y pico el litro de combustible, que es el precio internacional que se tiene...

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Asimismo, un estado que recauda menos va a pagar menos a los trabajadores públicos, va a tener menos servicios de salud, menos servicios de educación y menos seguridad, porque la seguridad también hay que pagar. La seguridad implica policías, instrumentos con tecnología para mantener la seguridad; es decir, que todas esas cosas se verían afectadas. Por más que los gobiernos digan que no, porque estos gobiernos les gusta hablar mucho de la seguridad, que son las manos duras, la mano firme que da la seguridad... Pero si los policías no cobran el sueldo, no hay posibilidad de que esto funcione; si no se los equipa con tecnología, no hay posibilidad de combatir el delito. Además, si se le empobrece al pueblo, se crea un caldo de cultivo también para la delincuencia.

—En el caso del sistema educativo, ¿cuáles serían las consecuencias si se aprueba esta ley?

—A pesar de que esta legislación aún no ha sido aprobada, ayer se ha anunciado que no se tiene dinero para pagar los sueldos en las universidades. Cómo se sabe, Argentina tiene una red importante de universidades públicas, y lo que se pretende con esta Ley Ómnibus es que la gente tenga que pagar para ir a la universidad, y eso no sería tan fácil porque no todos tienen los recursos.

—Finalmente, ¿qué repercusiones internacionales podría tener esta reforma legislativa?

—En el caso de la educación, Argentina es un país del cual nosotros nos sentimos orgullosos, porque a toda persona que ha venido a estudiar a nuestro país siempre se le ha brindado las mismas condiciones que un estudiante argentino. Pues nosotros acá tenemos la educación universitaria gratuita y siempre fue un orgullo para nuestro país y para nuestras universidades tener miles de estudiantes extranjeros, porque eso nos realza como pueblo, ya que nosotros somos un pueblo formado por inmigrantes de todos los países, y eso bueno.