Condenan a un joven estudiante ruso con parálisis cerebral por 'traición' tras donar 33 euros a Ucrania

Un tribunal ruso emitió una de las sentencias más controversiales del año al declarar condenado por traición a Andrei Glujov, un joven de 21 años con parálisis cerebral, por enviar 3.000 rublos, el equivalente a 33 euros, a una cuenta ucraniana.

La condena se basa en el artículo 275 del Código Penal de Rusia, que califica como traición cualquier forma de colaboración o ayuda al país enemigo en el contexto del conflicto bélico. Glujov, inscrito en la Universidad Politécnica de Volgogrado, fue acusado formalmente de colaborar con Ucrania tras realizar una transferencia que, según la defensa, tuvo una intención pacifista.

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Un videojuego, una conversación y una transferencia

La historia comenzó en 2024, cuando Glujov conoció a un supuesto ciudadano ucraniano mediante un videojuego en línea. El interlocutor le solicitó ayuda económica para “acelerar las negociaciones de paz”. El joven respondió con dos transferencias de dinero de 1.500 rublos cada una, creyendo estar contribuyendo a una causa humanitaria.

En septiembre, la policía rusa allanó su domicilio y confiscó sus dispositivos electrónicos. Un mes después, fue detenido nuevamente y acusado de alta traición. “Mi hijo dijo que lo transfirió dos veces, de 1.500 en 1.500 rublos, y ya está (...) Solo tres mil rublos”.

Pese a su discapacidad, que le impide mover con normalidad el brazo y la pierna derecha, Andrei fue enviado a un centro de detención preventiva. Según su padre, durante una visita el joven trató de mostrarse fuerte, pero terminó llorando y pidiendo disculpas. La decisión, anunciada el 29 de mayo de 2025, impone al estudiante una pena de 12 años en una cárcel de máxima seguridad.

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Rusia endurece los juicios por apoyo a Ucrania

Desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, el gobierno ruso ha intensificado la represión contra ciudadanos que expresan oposición al conflicto o que, como Glujov, realizan donaciones o envíos de dinero al país vecino. Estos juicios se enmarcan en una política de mano dura que criminaliza cualquier vínculo con Ucrania, incluso en contextos no violentos.