Cadena perpetua en América Latina: Nicaragua se quiere unir a la lista
Nicaragua podría convertirse en el octavo país de Latinoamérica con penas de prisión perpetua para los llamados “delitos de odio”.
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Para que una persona sea condenada a cadena perpetua en América Latina tiene que haber cometido homicidio, violación, secuestro, desaparición forzada o tortura, así como por pertenecer al crimen organizado y traición a la patria.
Argentina, Chile, Honduras, México y Perú, encabezan la lista de países que contemplan en sus códigos penales ese tipo de sentencias, también se aplican en Cuba, como alternativa a la pena de muerte.
En junio de este año Colombia se convirtió en el séptimo país que aprobó cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores de edad, pero la medida no ha sido reglamentada y enfrenta demandas por inconstitucionalidad.
Nicaragua podría seguir el mismo camino
El jueves 12 de noviembre, el Parlamento Nacional aprobó una reforma a la Constitución con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, pero aún tiene que ser ratificada en segunda legislatura para entrar en vigencia.
Según la organización Reforma Penal Internacional a la BBC, el término “cadena perpetua” puede tener “diferentes significados en diferentes jurisdicciones”.
“En algunos países los presos condenados a cadena perpetua no tienen derecho a ser considerados para su liberación prematura. En otros, los presos condenados a cadena perpetua son considerados rutinariamente para su liberación después de un cierto período. También hay otras condenas que no están formalmente identificadas como cadena perpetua, pero que pueden mantener a una persona en prisión hasta la muerte”, se lee en un análisis de 2018.
183 países y territorios en el mundo tienen esta condena como una vía de castigar a los responsables de brutales crímenes, siendo la pena más severa disponible “en 149 de estos”.
Las razones
Los parlamentarios nicaragüenses aprobaron la pena de “prisión perpetua revisable” para los llamados “delitos de odio”, luego que se diera a conocer la violación y el asesinato de dos niñas en setiembre de 2019. Este hecho provocó la indignación del presidente Daniel Ortega, quien defendió la necesidad de penas más duras para los asesinos.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, es un férreo defensor de la sentencia a cadena perpetua para asesinos y violadores. Foto: Despacho
El diputado oficialista, Carlos Emilio López, defendió la medida como “un mecanismo de protección al derecho humano de la vida, porque protegerá a mujeres, niños y adultos mayores de quienes pretendan cometer delitos horrendos contra ellos”, informó CNN.
Por lo pronto, la reforma del Artículo 37 de la Constitución nicaragüense -que establece que no se pueden imponer penas que “aisladamente o en conjunto duren más de 30 años” - permitirá excepciones para “la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes, inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
Pero los diputados nicaragüenses no modificaron el Artículo 39 de la Carta Magna que establece que en Nicaragua “el sistema penitenciario es humanitario y no tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad”.
Cadena perpetua en América Latina
En Argentina, el Código Penal contempla la sentencia de cadena perpetua para los delitos de homicidio agravado, abuso sexual en el que termine con la muerte de la víctima, desapariciones forzadas, torturas y traición a la patria. Sin embargo, el artículo 13 dice que los condenados pueden salir en libertad condiciones después de 20 años tras las rejas.
Igualmente, en Chile los sentenciados pueden acceder a beneficios penitenciarios después de 20 y 40 años. Entre los delitos graves se encuentran homicidio o violación, la violación con homicidio, el robo con violación y homicidio, etc.
Otro escenario ocurre en México, donde es solamente para algunos estados. En Coahuila, está contemplada para secuestros, homicidios de periodistas y policías, asesinatos múltiples y extorsión, mientras que en el Estado de México se aplica a casos de feminicidio y violación.
En Perú se aplica en casos agravados de robo, sicariato, secuestro, feminicidio y violación. No obstante, los casos son nuevamente revisados una vez cumplidos los 35 años de cárcel.
La condena en Cuba no está expresamente contemplada en el actual Código Penal, que tiene una pena máxima de 30 años, pero en la práctica se dicta como alternativa a la pena de muerte, señaló BBC.
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