COVID-19: Gobierno de España declara estado de alarma en todo el país hasta principios de mayo

Este domingo 25 de octubre, el Ejecutivo de España decretó el estado de alarma nacional por segunda vez ante el azote del coronavirus, una medida solicitada por al menos la mitad de las regiones para dar cobertura jurídica a restricciones de movilidad más severas que ayuden a frenar el avance de la segunda ola de contagios.

El estado de alarma —aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo de Ministros, presidido por Sánchez— se prolongará hasta principios del mes de mayo y obliga a un toque de queda obligatorio para todo el país desde las once de la noche hasta las seis de la mañana. Además del confinamiento nocturno, se establece la restricción de reuniones sociales y la prohibición de ir de unas comunidades autónomas a otras salvo causas justificadas.

La autoridad delegada en la aplicación del estado de alarma recae sobre los presidentes autonómicos que podrán adelantar o atrasar el toque de queda una hora.

Los nuevos casos crecen sin cesar en gran parte del país; el registro oficial rebasa el millón desde que comenzó la infección, aunque el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, admitió en la víspera que el número real es de tres millones, el 6,3% de todos los habitantes.

El Ministerio de Sanidad ha notificado otros 19.851 contagios (8.293 en 24 horas) en España, y 231 muertos más, hasta 34.752 en total. Los enfermos ocupan de media el 12,11% de todas las camas hospitalarias, y el 22,48 % en el caso específico de las unidades de cuidados intensivos.

España había decretado el primer estado de alarma el 14 de marzo pasado en todo el país, que fue prorrogado varias veces por el Congreso de los Diputados hasta mediados de junio.

Entonces, en lo más duro de la crisis sanitaria, se ordenó el confinamiento obligatorio de toda la población en las viviendas, salvo por motivos laborales y médicas, entre otros, o de fuerza mayor, y se prohibieron temporalmente infinidad de actividades sociales, comerciales, económicas, culturales, educativas y deportivas.

Al ser una figura jurídica prevista por la Constitución, se evitaría que los tribunales rechazaran restricciones administrativas que afectan a derechos ciudadanos fundamentales. El Gobierno lo declararía inicialmente por 15 días y luego necesitaría el refrendo del Parlamento para ser prorrogado.

Las regiones que apoyan el estado de alarma están administradas por los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes, en tanto que las gobernadas por los conservadores prefieren una reforma de la Ley de Sanidad que proporcione la seguridad jurídica necesaria a las limitaciones de movilidad.

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