Argentina cumple este domingo seis meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia de COVID-19, con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro coste para su golpeada economía.
Desde que el Gobierno de Alberto Fernández decretó por primera vez el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo, las medidas de confinamiento se han prorrogado en doce oportunidades, con flexibilizaciones paulatinas y marchas atrás que dependen de la situación sanitaria en las diversas regiones del país.
Pero, pese a los esfuerzos, los casos de coronavirus han seguido en aumento, por lo que la más reciente extensión fue anunciada el viernes pasado y regirá hasta el 11 de octubre.
El Ejecutivo de Fernández, quien asumió la presidencia en diciembre pasado, sostiene que esta estrategia le ha permitido ganar tiempo para adecuar el sistema sanitario hacia una mejor respuesta a la emergencia y ralentizar una curva de contagios que en otros países ha sido explosiva.
Fuentes privadas dan cuenta de pérdidas de puestos de empleo y cierre de empresas. Foto: EFE
Desde la detección del primer caso, el 3 de marzo pasado, Argentina ha registrado 622.934 contagios y 12.909 decesos por COVID-19.
En la última semana, el promedio diario de positivos ha sido de 10.922, con una curva de casos que tiende a estabilizarse, pero en un nivel aún alto en el área metropolitana de Buenos Aires, que está creciendo en el interior del país.
De hecho, la novedad de este fin de semana es que por primera vez desde el inicio de la pandemia el registro diario de casos es mayor en el interior del país (50,8% del total) que en Buenos Aires y sus alrededores, un área que en mayo concentraba el 93% de los contagios.
Las estrictas medidas de aislamiento que rigieron particularmente desde finales de marzo y hasta mediados de mayo implicaron una paralización casi total en buena parte de una economía que ya venía golpeada por la recesión iniciada en abril de 2018.
En los últimos meses se han concedido muchas flexibilizaciones, pero aún así los indicadores muestran niveles de actividad muy deprimidos y, según la última proyección oficial, el producto interior bruto terminará este año con una caída del 12,1%, una magnitud de desplome mayor a la observada en la severa crisis de 2001-2002.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la actividad económica acumuló en el primer semestre del año un derrumbe del 12,9%; la producción industrial arrastró un desplome del 13,4% en los primeros siete meses del año y el sector de la construcción, un 34% en el mismo período.
Fuentes privadas dan cuenta de pérdidas de puestos de empleo y cierre de empresas y comercios, cuya actividad ha sido en muchos casos nula en los primeros meses del confinamiento.
La inflación, en tanto, continúa en niveles altos: 18,9% acumulado en los primeros ocho meses del año, por lo que se descuenta que la tasa de pobreza será mayor al 35,5% del segundo semestre de 2019, de acuerdo con el último dato oficial reportado.
Un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados revela que mientras al inicio de la pandemia el 85% apoyaba las medidas de aislamiento, ahora el 53,4% rechaza su continuidad.
También de acuerdo con esta misma encuesta, la imagen positiva de Alberto Fernández cayó desde un 67,8% al inicio de la cuarentena, a un 37,3%.
En este escenario, desde mediados de año se han sucedido una serie de protestas públicas en Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país de ciudadanos que rechazan la cuarentena, aunque los reclamos se mezclan con otras consignas, por ejemplo, la oposición a medidas gubernamentales como el impulso a una polémica reforma judicial, entre otras.
Con información de EFE