PP y Vox rechazan decreto que protege a las víctimas de violencia durante estado de alarma

El Partido Popular se ha sumado a la extrema derecha de Vox en su negativa de apoyar el Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género ante la crisis del coronavirus en España.

El decreto lleva en vigor desde principios de abril y el Congreso de los Diputados lo ha convalidado esta tarde con el apoyo del resto de los partidos de la Cámara (209 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones).

Partido Popular no respalda el decreto

El Partido Popular optó por la abstención y han evitado respaldar una iniciativa que implica el refuerzo de los sistemas de atención a las víctimas de la violencia machista mientras dure el confinamiento, periodo en el que muchas mujeres están forzadas a convivir con sus maltratadores.

Pilar Marcos, diputada del PP encargada de defender la postura del partido durante el Pleno, acusó al Gobierno español de tratar de imponer una “agenda divisiva”.

Sus críticas se centraron en lamentar que el decreto no contemple medidas específicas ante la pandemia, como la elaboración de test en los centros de atención a las víctimas de violencia machista. “Nadie quiere escapar de una violencia para entrar en una pandemia”, enfatizó.

Finalmente agregó que “la única novedad relevante” del decreto “es que decide exceptuar la ley presupuestaria” para la ayuda contra la violencia de género.

¿En qué consiste el decreto-ley?

El decreto supone el amparo de las víctimas, no solo de violencia de género, sino también de explotación sexual, trata o agresiones sexuales, durante la crisis ocasionada por la COVID-19.

Este real Decreto-Ley presenta un paquete de medidas, entre las que se incluyen el refuerzo de los sistemas de atención telefónica y la introducción de un canal a través de WhatsApp.

A su vez, destaca la consideración como esenciales de los servicios de atención a las víctimas así como la disponibilidad de establecimientos de alojamiento turístico en el caso de ausencia de vacantes en los centros de emergencia designados durante el estado de alarma.