Juzgado de Delito de Corrupción de funcionarios ordena 18 meses de prisión preventiva contra ex alcalde de Ayabaca: Baldomero Marchena Tacure
El juez señala riesgo de fuga, ya que Marchena estaba a punto de ser excarcelado. La pena por colusión agravada podría llegar a ser de hasta 15 años de prisión.
El Juzgado Penal de Investigación Preparatoria especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo del juez Carlos Enrique Lindo Yajamanco ordenó una nueva prisión preventiva de dieciocho meses al ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Baldomero Marchena Tacure, quien permanecerá internado en el establecimiento penitenciario de Piura, por presunto delito de colusión agravada.
Según requerimiento fiscal los hechos materia de investigación se relacionan con el proceso de contratación del Procedimiento Especial de Selección RES-PROC-1-2020-MPA-CS-1, para el servicio de mantenimiento periódico y rutinario en caminos vecinales de la provincia de Ayabaca, consistente en 52 servicios adjudicados en julio de 2020 y con un valor referencial de 50 millones 078 mil 176.00 soles en el marco del Decreto de Urgencia N.º 070-2020.
El magistrado considera que el imputado junto a un miembro del comité de selección se habría coludido, o ponerse de acuerdo, con una empresa contratante para la ejecución del mencionado paquete de obras. Y es que luego de la delación de uno de los colaboradores se habría construido una tesis incriminatoria sólida para disponer la prisión preventiva por el plazo establecido.
La medida coercitiva se otorga también por peligro procesal, al existir riesgo de fuga, porque estaba apenas a dos días, de ser excarcelado del penal, al vencer el plazo de prisión preventiva que pesaba sobre la ex autoridad desde el 04 de octubre del 2021 en una investigación que se le sigue a nivel del Juzgado Anticorrupción por presuntos delitos de corrupción y criminalidad organizada, donde está comprendido también su padre y ex alcalde de Ayabaca y Lagunas Humberto Marchena Villegas, que tiene detención domiciliaria.
El juez ha tenido en cuenta también que, para este delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada, la prognosis de pena oscila entre seis y quince años de pena privativa de la libertad efectiva.
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