Gobierno Regional y Corte de Piura suscriben convenio para futura construcción del Módulo Básico de Justicia de Castilla

A fin de concentrar en un solo lugar el servicio de justicia en una zona accesible y garantizar de esta manera el acceso a la justicia de la población del distrito de Castilla, los titulares del Gobierno Regional, Luis Neyra León; y la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro; suscribieron un convenio de cooperación para la futura construcción de lo que será el Módulo Básico de Justicia de Castilla.

Por medio de este convenio, el Gobierno Regional de Piura elaborará el expediente técnico y se encargará de la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento y ampliación de los servicios de administración de justicia en la sede judicial de Castilla”.

Durante la firma del convenio, el titular de la Corte de Piura agradeció la cooperación del Gobierno Regional de Piura, destacando que durante muchos años el servicio judicial en Castilla se ha visto separado por el facto inmobiliario, contando solo con un local propio que se encuentra en una zona alejada para la mayor parte de castellanos.

“Con este proyecto, que es uno de los más importantes en la Corte Superior de Justicia de Piura, le estaremos brindando acceso a la ciudadanía a una justicia oportunidad y sobre todo cercana, que es lo más importante para nosotros como autoridades, teniendo siempre presente que el fin de nuestras acciones son los usuarios del servicio de justicia”, afirmó Correa Castro.

La firma del convenio contó con la presencia de la vicegobernadora regional, Quemnedy Rojas Castillo; la gerente de Administración Distrital de la Corte de Piura, Doris Chunga Rojas; así como de los funcionarios de la institución judicial; Juny Castillo Alvarado, César Montero Sarango y Carmen Labán Gonzales.

Cabe destacar que, en la actualidad el distrito de Castilla cuenta con seis órganos jurisdiccionales, quienes vienen prestando el servicio de justicia en tres locales, siendo uno de ellos propio y los otros dos alquilados, lo cual genera dificultad a los justiciables para acceder a este servicio.