Presidente de la Corte de Lambayeque recibió a representantes de las rondas campesinas de San Ignacio

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, sostuvo una reunión con representantes de la Federación Distrital de Rondas Campesinas de San Ignacio, quienes vienen realizando visitas a diversas instituciones para exponer su preocupación por la contaminación que afecta al río Chinchipe y sus posibles consecuencias para el ecosistema de la zona.

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La reunión se desarrolló en la sala de reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y contó con la participación de Enrique Zambora Aldaz, vicepresidente de la Federación Distrital de Rondas Campesinas de San Ignacio; Idelfonso Rodríguez Gonzáles, juez de paz de Única Nominación de Mandinga; y Luis Quinde García, asesor legal de la organización rondera.

Durante el encuentro, los representantes de las rondas campesinas expresaron su preocupación por los efectos de la contaminación generada por actividades de minería ilegal en la cuenca del río Chinchipe, recurso hídrico fundamental para la región y afluente del río Marañón.

Los visitantes señalaron que acudieron al Poder Judicial debido a su reconocida labor en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, destacando especialmente las acciones impulsadas en defensa del río Marañón, reconocido como sujeto de derechos en una histórica decisión judicial. En ese contexto, manifestaron la necesidad de sumar esfuerzos para visibilizar y atender los riesgos ambientales que enfrenta el río Chinchipe, cuya conservación resulta esencial para la protección de toda la cuenca hidrográfica.

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Por su parte, el doctor César William Bravo Llaque reafirmó la disposición de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para escuchar las preocupaciones de la ciudadanía organizada y promover espacios de diálogo que contribuyan a la defensa de los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente.

La reunión permitió fortalecer los vínculos entre el sistema de justicia y las organizaciones sociales de la región, reafirmando el compromiso institucional con la tutela de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de las comunidades.