Procuraduría de Brasil evalúa suspender su trabajo con Perú

Lava Jato. Se considera que nuestro país no respeta los acuerdos de leniencia que protegen a las empresas brasileñas, y que en Lima no hay una autoridad central que haga respetar los acuerdos firmados.,Procuraduría de Brasil evalúa suspender su trabajo con Perú,Procuraduría de Brasil evalúa suspender su trabajo con Perú,La Procuraduría General de Brasil evalúa la continuidad y marco de la colaboración con el Perú en el caso Lava Jato. Según fuentes brasileñas vinculadas al caso, los procuradores brasileños están preocupados por lo que sucede en el Perú con los colaboradores de Odebrecht. Tal como lo estableció la procuradora de Río de Janeiro, Marisa Varotto Ferrari, se considera que el Perú no está cumpliendo los acuerdos firmados por los fiscales peruanos en Brasil, de no perseguir penalmente a la constructora brasileña y sus directivos acogidos a la delación premiada. PUEDES VER Ministerio Público aclara que no se ha cancelado cooperación internacional con Brasil La Procuraduría General estaría evaluando el tema, a partir de la decisión de la procuradora de Río de Janeiro, Marisa Varotto Ferrari, del 6 de junio. En esa fecha, Varotto suspendió la declaración de Barata ante los fiscales peruanos, mientras no se defina su situación jurídica en el Perú y se le ofrezca protección legal. El 15 de mayo y el 8 de junio, el fiscal Germán Juárez y el jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones, Alonso Peña Cabrera, firmaron, en nombre del Gobierno del Perú, un acuerdo para no utilizar las declaraciones de los delatores en Brasil en contra de ellos mismos o de la empresa Odebrecht y sus filiales. Si bien Jorge Barata se acogió a la colaboración en el Perú, ese acto –para los procuradores brasileños– fue consecuencia y obligación del acuerdo de leniencia suscrito por 77 ejecutivos de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza. Es decir, indican las fuentes brasileñas, para la Procuraduría de Brasil, la colaboración y la delación premiada es un todo, y no procesos separados independientes como plantean los fiscales peruanos. La colaboración en el Perú está subordinada a la leniencia en Brasil, dicen. El despacho del fiscal general Rodrigo Janot evalúa si emitir un pronunciamiento de inmediato o esperar un nuevo pedido de colaboración judicial presentado por el Perú. La resolución que se emita podría suspender toda la colaboración con el Perú hasta que exista una posición uniforme sobre el trato dado a los colaboradores eficaces. No se concluye el proceso, pero todo queda en suspenso. Al respecto, pese a que el abogado de Barata, Carlos Kauffmann, dijo que este mantiene su disposición de colaborar con el Perú, las fuentes indican que se analiza presentar un pedido de protección legal más amplio que el resuelto por la procuradora Varotto Ferrari, y lo mismo podría suceder con otros colaboradores. Entre los hechos que se evalúan está el proceso iniciado por la fiscalía de lavado de activos contra Barata, y también en la fiscalía anticorrupción, la Unidad de Inteligencia Financiera y la procuraduría ad hoc. El fiscal Juárez indica que las cuentas de Barata se congelaron por un informe de la UIF y no por sus declaraciones, pero en el oficio de la UIF que oficializa el embargo de sus cuentas se señala que se procede en virtud de la investigación de la fiscalía anticorrupción; es decir, la colaboración eficaz del ex director de Odebrecht. El 22 de junio, el fiscal Juárez volvió a utilizar la declaración de Barata para sustentar esa decisión ante el juez Richard Concepción Carhuancho. Este mismo juez dispuso ayer la inmovilización de las acciones de la concesionaria H2Olmos, basado en la declaración de Barata. También llama la atención en Brasil que siendo el Perú el primer país en Latinoamérica, después de Brasil, en iniciar negociaciones con Odebrecht y recibir información de casos de corrupción hasta hoy no se cierra el acuerdo. Panamá, Guatemala, Colombia y Ecuador iniciaron conversaciones después y ya hay acuerdos firmados con la constructora brasileña. En Brasil creen que el Perú no tiene intenciones de investigar la corrupción local y solo buscan centrarse en Odebrecht. Si Barata se retira y no concluye el proceso de colaboración, la fiscalía no podrá usar su declaración en juicios públicos. Barata se quedará en Brasil, donde no será perseguido penalmente y la empresa le devolverá todo lo que le sea embargado en el Perú, según se explicó. Para lograr que sus directivos se acojan a la delación premiada, la compañía les ofreció asumir todos los gastos que genere ese proceso, que la constructora descontará, luego, del pago de la reparación civil. La corrupción peruana en prensa de Brasil La corrupción peruana trascendió a la prensa brasileña. El diario Folha de Sao Paulo y la revista Piauí informaron de una serie de hechos vinculados a los pagos y la corrupción en el Perú. Los periodistas Walter Nunes y Flavio Ferreira revelaron en Folha que de acuerdo con el ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Edwin Luyo en el Perú operó un cartel de empresas de la construcción, que pagaban coimas y se turnaban para ganar las licitaciones. Según el aspirante a colaborador, unas 30 empresas constructoras peruanas, brasileñas y españolas habían constituido el "Club de la Construcción" para acceder a las obras públicas. Este grupo tenía como operadores a Rodolfo Prialé y Carlos García. En tanto, en el informe titulado "Una historia de Perú" de la revista Piauí, la periodista Malu Gaspar reveló diversos aspectos aún desconocidos de los pagos de la constructora Odebrecht en el Perú. Gaspar señala que a pedido de Luis Favre, la constructora brasileña entregó tres millones de dólares a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán, dos millones a los publicistas en Brasil y un millón en especies en Lima, entregado a José Miguel Castro.