ODCI investiga a fiscal Sergio Zapata por no procesar a ex contratista Darío Acuña

Caso “los limpios”. Empresario no fue sujeto de acciones legales pese a una supuesta transgresión de la Ley de Contrataciones.,Fátima Constantino Lozano Chiclayo La Oficina Desconcentrada de Control Interno (ODCI) de Lambayeque abrió investigación contra Sergio Zapata Orozco, fiscal de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales dentro del caso “Los Limpios de la Corrupción”. Irregular La investigación del fiscal superior Alejandro Lamadrid Ubillús responde a la denuncia del ex gerente de Epsel y procesado en “Los Limpios”, Juan Valdivia Goycochea, quien acusó a Zapata de no procesar adecuadamente al también imputado por este caso, Darío Acuña Peralta, pese a las evidencias de una presunta transgresión a la Ley de Contrataciones del Estado. Valdivia precisó que en una disposición (Nº 139) de noviembre del 2015 de “Los Limpios”, el fiscal ordenó la formalización de la investigación preparatoria contra Acuña por los delitos de colusión agravada y cohecho activo genérico en agravio de Epsel. La disposición reveló que el representante de Consorcio Triple A se coludió con el ex alcalde Roberto Torres Gonzales y los ex funcionarios Percy Quesquén Díaz y el propio Valdivia para obtener la buena pro de la obra “Mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la Av. Elvira García”. Posteriormente la Fiscalía obtuvo el reconocimiento de Acuña en los ilícitos atribuidos. En ella, el empresario reconoció que realizó un irregular acto de asociación con su sobrino Héctor Gálvez Acuña (representante legal de Consorcio A) para evadir la Ley de Contrataciones del Estado que impedía al imputado licitar con el Estado, ya que sus tres hermanos: Virgilio, César y Humberto Acuña Peralta ostentaban cargos públicos (congresista, alcalde y gobernador, respectivamente). Ese ilícito jamás fue investigado por el despacho de Zapata, por lo que la ODCI inició las diligencias para determinar si el fiscal incurrió en omisión; este tiene cinco días para realizar su descargo.