El lado represivo de Rafael Correa en el caso del periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio. Ayer solicitó asilo político en el Perú. El presidente electo, Lenín Moreno, asumirá dentro de un mes.,El 3 de octubre del 2013, el medio digital Plan V analizó los enrevesados juicios entre Chevrón y el Estado ecuatoriano. En 1993, Texaco, que había llegado al país en 1964, fue denunciada por no haber remediado pasivos ambientales. En 2001 Chevrón adquirió Texaco. Tras un lapso de tiras y aflojes, en 2012 una corte provincial condenó a la empresa al pago de US$ 19.000 millones. Chevrón recurrió al Tribunal de La Haya para hacer valer convenios de liberación de responsabilidades que había suscrito con dos gobiernos. Ecuador perdió el juicio. Algo en la nota de Plan V enardeció al presidente Rafael Correa. El artículo, firmado por Fernando Villavicencio y Belén Palma, mencionaba la preocupación del gobierno porque bienes ecuatorianos podían ser embargados en el exterior. También porque había indicios de que el bufete de abogados norteamericano que defendía al Estado había prestado servicios a Chevrón. Plan V citaba a una fuente, el parlamentario Cléver Jiménez, quien decía tener documentación probatoria. El gobierno asumió que la información se obtuvo por una violación de comunicaciones privadas. PUEDES VER: Lenín Moreno: el presidente que sobrevivió Acusado y escondido El 9 de noviembre, el vicepresidente Jorge Glass declaró que lo publicado procedía de correos electrónicos de altos funcionarios, entre ellos el presidente. Añadió que Chevrón había intentado presentar esos e-mails en un tribunal norteamericano. Glass pidió al Fiscal General, Galo Chiriboga, denunciar penalmente a Jiménez. Correa, a su vez, declaró que habían sido hackeados sus mensajes, “y eso no se puede permitir”. A los pocos días, sin que hubiera un proceso de indagación previa, la policía allanó las oficinas de Jiménez y la casa de Villavicencio. Incautó documentación y equipos, halló copias de los e-mails supuestamente hackeados, aunque ninguna prueba que permitiera una denuncia penal por intrusismo informático. Además, ¿qué evidencias podían salir de un allanamiento ilegal? Pero ambos fueron acusados. El nuevo cargo: difusión de información reservada. En el caso de Villavicencio, la denuncia era aberrante porque había divulgado información de interés público citando su procedencia. Sus recursos fueron inútiles ante el Poder Judicial influido por el gobierno. En 2016, un juez le dictó orden de detención preventiva. Desde entonces vive escondido. El caso Palo Azul Con un pasado de representante sindical en Petroecuador, Villavicencio ha combinado el activismo anticorrupción en el sector energético con la elaboración de libros y artículos periodísticos sobre la materia. Fue uno de los que originalmente denunció un supuesto fraude en la concesión a Petrobras del yacimiento Palo Azul. En 2007, el contrato fue objetado por Alberto Acosta, el primer ministro de Hidrocarburos de Rafael Correa, y por el Fiscal General, Washington Pesantez. Correa inicialmente hizo suya la denuncia, pero luego cedió, según Villavicencio, por la presión amistosa del gobierno de Lula. Así, el sucesor de Acosta en Hidrocarburos, Galo Chiriboga, apoyó el acuerdo con Petrobras. Más tarde, cuando fue nombrado Fiscal General, archivó la investigación. Villavicencio impugnó sin éxito el nombramiento del nuevo fiscal, pues tenía posición tomada en el caso Palo Azul. También reveló que Chiriboga tenía una offshore en Panamá, que le había servido, según publicó, para hacerse con la mansión de una clienta en problemas. Chiriboga es ahora perseguidor de Villavicencio. Made in China En 2013, Villavicencio publicó Ecuador Made in China, un libro que denuncia un oneroso esquema de reventa del crudo ecuatoriano que hace Petrochina, el principal comprador del recurso, por una decisión del gobierno de Correa, pese a que este anunció una guerra contra los intermediarios del negocio petrolero. La estatal Petroecuador denunció al autor, pero la fiscal, Cecilia Garzón, en un solvente dictamen, solicitó al juez archivar la acusación Posteriormente, Villavicencio denunció irregularidades en la ampliación de la Refinería Esmeraldas, cuyo costo subió de 187 a 2.200 millones de dólares. Dio a conocer que el gerente de Petroecuador, Alex Bravo, tenía cinco empresas offshore que recibían dinero de contratistas, y que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, también tenía la suya propia. Bravo terminó preso y Pareja huyó del país. Desde el exterior, Pareja ha dicho que las denuncias de Villavicencio llevan razón, y que lo todo lo que se hacía era conocido por el presidente. —Villavicencio identificó las empresas offshore de la corrupción del petróleo en Ecuador antes que los Panamá Papers, que vinieron a confirmarlas —dice Juan Carlos Calderón, director de Plan V y coautor del famoso libro El Gran Hermano, dedicado a los negocios de Fabricio, el hermano menor de Correa. En 2012, Calderón fue sentenciado a indemnizar con un millón de dólares al presidente, quien entonces se desistió. El primer juicio En 2016, cuando fue publicada la denuncia sobre la Refinería Esmeraldas, el presidente Correa pidió públicamente al Fiscal General reanimar el proceso contra Villavicencio por revelar información reservada. Iniciado en 2013, el juicio permanecía estancado por falta de pruebas. Al llamado de Correa le siguió la orden de detención que obligó al periodista a permanecer en la clandestinidad. Villavicencio no confía en la justicia ecuatoriana, que ya ha sido usada por el presidente para sentenciarlo. Villavicencio fue uno de los que pidió investigar a Correa por haber ordenado un uso excesivo de la fuerza para debelar un amotinamiento policial, en setiembre del 2010. El presidente enjuició a sus acusadores, uno de ellos el periodista Emilio Palacio, quien fue condenado a pagar treinta millones de dólares junto con los editores del diario El Universo. Correa los “perdonó”, pero no tuvo esa magnanimidad con Villavicencio, quien junto con otras dos personas —el ya mencionado Cléver Jiménez y el dirigente médico Carlos Figueroa— fue sentenciado a 18 meses de prisión y a una reparación económica. Estuvo un año escondido en la selva y volvió a la libertad cuando la condena prescribió, pero tuvo que pagar US$ 47.000 a Correa, para que sus bienes no fueran embargados. Igual que Assange El gobierno de Rafael Correa desoyó medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de Villavicencio. La CIDH, presidida por el peruano Fernando Eguiguren, estudia nuevas medidas. El continuador de Correa, Lenín Moreno, asumirá dentro de un mes. El perseguido, quien no es menos que el fundador de Wikileaks Julian Assange —a quien Ecuador asiló en Londres en aras de la libertad de información— solicitó ayer la misma protección en el Perú. Está llamado a concedérsela el gobierno de Kuczynski. Reveló que el gerente de Petroecuador, Alex Bravo, tenía empresas offshore que recibían dinero de contratistas, y que el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, también tenía la suya propia. Galo Chiriboga tenía una offshore en Panamá, que le había servido, según demostró, para hacerse con la mansión de una clienta en problemas. Chiriboga es ahora perseguidor de Villavicencio.
