Las APP se merecen una moratoria

La discusión abierta sobre las APP a partir de la carretera IIRSA Sur, el tren eléctrico y Chinchero tiene que llevar a una evaluación integral de lo sucedido con el objetivo principal de eliminar la corrupción. Para hacerlo es preciso analizar su marco legal y organizativo. No es lo que quiere la tecnocracia de derecha, que pretende hacernos creer que es un problema externo originado por el “imperio brasileño” o que solo atañe a “20 o 30 funcionarios” y que, en todo caso, siempre es mejor que los privados administren las concesiones públicas, pues peor lo hubiera hecho el Estado. Veamos. Hay que derogar la Cuarta Modificación del DL 1252 que dice que “la implementación de adendas durante la ejecución se encuentra en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos”. No. Esa decisión debe tener un carácter público, como las decisiones que toman los organismos reguladores (Osiptel, Ositran, Osinergmin). Ni una adenda más negociada entre cuatro paredes con los concesionarios de las APP. Otra. En Chinchero, el Comité Directivo de Ositran aprobó (por dos votos contra uno, el de su Presidenta, Patricia Benavente) la adenda para que el Estado ponga los US$ 264 millones. La cuestión es que aún si se desaprobaba la adenda, “no pasaba nada”. ¿Por qué? Porque el Art. 22.3 del DL 1224 dice que las opiniones acerca de las adendas que emitan los organismos reguladores no tienen carácter vinculante. Sí deben tener carácter vinculante. Si no, ¿para qué están? Tercero. Si toda la corrupción se dio cuando el Consejo Directivo de Proinversión estaba integrado por 5 ministros de Estado, ¿qué va a pasar ahora que el Art. 37.4 del DL 1251 de diciembre establece que son 6 integrantes, de los cuales 3 son ministros y 3 provienen del sector privado? Esto revela claramente la simbiosis entre el gobierno de PPK y el sector privado (son la misma cosa). No. El sector privado no puede decidir sobre los recursos públicos. Cuarto. Se supone que en la APP el sector privado adelanta la inversión, la cual luego le es reembolsada con los ingresos de la concesión en marcha (peajes de carreteras, tarifas de aeropuertos). Pero sucede que la legislación vigente establece un sistema mediante el cual el Estado otorga un Certificado de Avance de Obra (CAO) por cada 10% de avance de la inversión, lo que da lugar a cobrar una retribución por la inversión (RPI). Dice José Luis Guasch, ex Jefe del Banco Mundial para las APP, que este mecanismo es de los más generosos del mundo: “Así, de hecho, lo único que la APP necesita para comenzar el proyecto es el 10% de la inversión. Esto no ocurre en la mayoría de los países que tienen APP. Aquí se te garantiza el pago por avance de obra, por lo cual conseguir el financiamiento es de alguna manera trivial” (1). Esto genera “pasivos contingentes”, es decir, compromisos fiscales a futuro por el pago de esos bonos. No. El Estado no debe asumir pasivos para que la APP financie su inversión. ¿No era que ellos invertían primero y se les pagaba después? ? Y si la obra se para al 70% por alguna razón, es que nos quedamos enganchados con ese monto, que ya se pagó a la APP, más aún cuando las garantías son mínimas ? No, pues. Hay mucho más. Por ejemplo, que las adendas no puedan modificar en más de 10% el costo del contrato original; que el número máximo de adendas sea de tres por cada parte; establecer que la primera adenda no pueda ser solicitada antes de los tres años de la suscripción del contrato. También que el nuevo sistema de inversión pública (invierte.pe) se integre a un Sistema Nacional de Planificación Estratégica (SNPE) dirigido por el CEPLAN (2). No tenemos un análisis integral del impacto económico y social de las APP y tampoco sabemos de la corrupción de los socios nacionales de las APP. La cuestión de fondo es que los diferentes gobiernos en los últimos 25 años vienen avanzando sistemáticamente en la privatización de la inversión pública (lo que incluye Obras por Impuestos, que no analizamos aquí), con el argumento de que la obra pública genera muchos sobrecostos y también corrupción. Por ello, la política es “todo para las APP”. Es por eso que casi no hay iniciativas para fortalecer la inversión pública de los ministerios, en especial, Transportes y Comunicaciones, Vivienda y Saneamiento, Educación, Salud y de los gobiernos regionales y locales. Ciertamente, deben erradicarse de raíz los sobrecostos y la corrupción caiga quien caiga. Pero ya sabemos que más corrupción ha habido con las adendas de las APP. Para terminar. Por lo expuesto es clave una moratoria en el otorgamiento de las APP y llevar a cabo un debate público en el Congreso, con los colegios profesionales, universidades, sociedad civil, gobiernos centrales, regionales y locales. Mientras no se tenga un nuevo marco legal que corrija las causas de la corrupción, no se deben otorgar nuevas APP, lo que el gobierno quiere hacer por un total de US$ 4,000 millones este año. La derecha tecnocrática dice “aquí no pasó nada” y que todo siga igual. Ya nadie les cree, pero eso no basta. La indignación debe ahora pasar a la propuesta. (1) https://goo.gl/w5svQO (2) Buena parte de estas recomendaciones provienen de trabajos del economista Roberto Machado.