El delito más importante

Brechas en la opinión pública sobre el narcotráfico., La reciente encuesta de GfK, publicada por La República, consigna que el 68% de los encuestados conoce o ha escuchado sobre la investigación de la DEA (la agencia antidroga de EE.UU.) al congresista fujimorista Joaquín Ramírez. En los sectores A/B y C, este conocimiento es mayor. De ese total, el 70% cree que es verdadera y solo el 23% considera que es falsa. No obstante ello, el mismo sondeo trae otros datos: solo el 46% cree que Keiko Fujimori combatirá la corrupción en un eventual gobierno suyo frente a un 38% que cree que lo hará Pedro Pablo Kuczynski (PPK); que 48% cree que Keiko hará un gobierno de mano dura contra el delito. Estos datos, a los que se suma el alto porcentaje de intención de voto que obtiene la candidata del fujimorismo, por encima de PPK, dan la imagen de una contradicción entre la convicción ciudadana respecto de una seria denuncia que involucra a un alto dirigente de ese partido y la percepción de los electores en favor de dicha candidatura. Entre las explicaciones que se han brindado se encuentra la que sostiene la tesis del teflón, es decir, que a la candidata fujimorista no le pueden alcanzar las denuncias por haber conseguido un grado de legitimidad suficiente. Otra señala que los electores saben que esta es una denuncia de tipo electoral, lo que no es cierto porque, según GfK, solo el 35% cree que se trata de una operación de desprestigio. La tesis del teflón solo puede ser contrastada en el tiempo. Lo cierto es que mucho antes de la primera vuelta, varias mediciones de empresas encuestadoras habían encontrado que la mayoría de electores, entre el 50% y 60%, pensaba votar por candidatos a pesar de que los consideraban deshonestos y corruptos. En ese momento, se atribuyó este hecho a que el sistema político se estaba cerrando y que ese porcentaje reflejaba la percepción de una resignación ciudadana. En cualquier caso nos encontramos frente a varias brechas, las más importantes de las cuales son la falta de correlación entre la preocupación por el delito y el apoyo a candidatos que han sido denunciados de tener relación, precisamente, con graves delitos; y en el caso del narcotráfico de una honda tolerancia social frente a su presencia entre nosotros. Esta tolerancia podría explicar en parte otro dato de GfK de su encuesta en abril que indaga por los problemas del país, pregunta ante la cual 66% dice que es la delincuencia, de modo general, y el 10% el narcotráfico. Es probable que este déficit de censura social al narcotráfico se relacione, como en otros países, con el hecho de que se considera que el narcotráfico, en su fase de producción de drogas, no es necesariamente un grave delito. De ser cierto ello, estaríamos ante una falta de políticas públicas que pongan énfasis en el rol destructivo de esta actividad respecto de la persona, la familia, la economía y la sociedad, y especialmente relevar su carácter dinamizador del delito en todas sus modalidades, siendo de estas muy grave su relación con la política.