Luisa Ortega, dedo acusador

La fiscal general de Venezuela fue aliada de Hugo Chávez, pero hoy es una feroz crítica del gobierno de Nicolás Maduro. Los seguidores del presidente tratan de sacarla de su cargo.,Luisa Ortega, dedo acusador,Luisa Ortega, dedo acusador,Los oficialistas la tildan de "traidora" y hasta de "loca". Sus seguidores destacan su coraje y firmeza. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una veterana chavista que pasó de perseguidora de opositores a ser el principal dedo acusador contra el presidente Nicolás Maduro. Esta abogada de izquierda de 59 años, apoyó al expresidente Hugo Chávez desde su campaña presidencial y ahora libra una batalla legal contra decisiones de la corte venezolana –acusada de servir al gobierno– por considerar que violan la Constitución. PUEDES VER Leopoldo López: "Mantengo mi firme oposición al régimen de Nicolás Maduro" Este martes, el máximo tribunal dejó a Ortega al borde de su destitución. Ella asegura que nada la va a intimindar. "Es una persona con mucho temple, valiente y honesta. Enfrentaría cualquier cosa por defender sus valores", comenta su esposo desde hace 18 años, el diputado chavista Germán Ferrer. Nicmer Evans, politólogo chavista pero crítico de Maduro, coincide en que "es una mujer firme, con voluntad, carácter y criterio, que asume posturas a todo riesgo". "No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con violencia y dolor (...). Ya sabemos que desde el día de hoy va a operar mi remoción", dijo al negarse a acudir a una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que evalúa si le abre un juicio que llevaría a su destitución. La funcionaria no tiene hijos pero ha denunciado amenazas contra familiares y responsabilizó al gobierno por lo que les pueda ocurrir. Bronca judicial Ortega es una rubia de ojos claros, sobre los que lleva gafas; viste sobria, siempre con chaqueta y pantalón. Tiene dos especializaciones, una en derecho procesal y otra en derecho penal. El llamado "antejuicio de mérito" en su contra es el clímax de la pelea judicial que inició hace tres meses contra los fallos del TSJ y sus magistrados, a quienes pidió remover afirmando que ella nunca aprobó su designación, como exige la ley. El diputado chavista Pedro Carreño asegura que Ortega "mintió" pues sí validó la designación, y por eso pidió enjuiciarla. La corte, que decidirá en los próximos días si autoriza el juicio, ya le congeló los bienes y le prohibió salir del país. El divorcio entre Ortega y el chavismo se inició cuando consideró una "ruptura del orden constitucional" una decisión con la que el TSJ se adjudicó brevemente las funciones del Parlamento. "Ella representa al chavismo democrático frente a las pretensiones totalitarias del madurismo", señala Evans. La funcionaria, a quien Maduro señala de tener ambiciones presidenciales y de ser líder de la oposición, trabaja en el Ministerio Público desde hace 15 años. El 2002 fue nombrada fiscal por Caracas; en 2007, con el aval de Chávez, asumió como fiscal general para un periodo de siete años, y en 2014 fue reelecta por el Parlamento, entonces controlado por el chavismo. El poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, pidió disculpas por haber permitido que fuera designada fiscal cuando él presidía la cámara. Ortega también emprendió una batalla contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro para reformar la Carta Magna, por considerar que "pulveriza" el Estado de derecho". Sin embargo, todas sus acciones legales han sido desestimadas. Tras distanciarse del gobierno, se ha acercado a la oposición, que también rechaza la Constituyente con duras protestas que han dejado 90 muertos en tres meses. El lunes pasado, en un acto inédito, acudió al Legislativo para ratificar la designación de su vicefiscal, Rafael González. Sin embargo, el TSJ anuló ese nombramiento y designó en ese cargo a la abogada chavista Katherine Harrington, quien la sustituiría si es removida. Ortega es recordada por impulsar la condena a casi 14 años de prisión que cumple el líder opositor Leopoldo López desde 2014, acusado de incitar a la violencia en protestas que dejaron 43 muertos ese año. Ortega consideró una 'ruptura del orden constitucional' que el TSJ se adjudicara las funciones del Parlamento.