“El shock desregulatorio aumentará el PBI y generará más y mejor empleo”, asegura Boluarte durante mensaje a la Nación

Con una aprobación por debajo del 20% y un Congreso que apenas alcanza el 7% de respaldo ciudadano, la presidenta Dina Boluarte enfrenta su último 28 de julio en medio de una crisis de legitimidad sin precedentes. En ese contexto, eligió resaltar su llamado “shock desregulatorio” como uno de los ejes centrales de su mensaje económico.

“El Gobierno ha lanzado una estrategia para construir un Estado más ágil, cercano y eficiente”, afirmó en el Congreso de la República. Según dijo, hasta la fecha se han aprobado 254 medidas desregulatorias, y hay otras 257 en proceso. Estas abarcan desde la eliminación de 186 barreras burocráticas hasta 85 propuestas de optimización de trámites administrativos, además de medidas en fiscalización, control y aspectos tributarios.

El impacto esperado, en palabras del Ejecutivo, apunta a “incrementar la productividad, mejorar la competitividad, aumentar el PBI y generar más y mejor empleo”. La apuesta no es menor: se trata de una narrativa que pretende reactivar el motor económico del país, en medio de un entorno marcado por la baja inversión privada y el deterioro institucional.

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No obstante, este discurso contrasta con lo expresado en abril por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que denunció que el llamado “shock desregulatorio” sería una “campaña encubierta orientada a debilitar derechos laborales conquistados”. A través de un pronunciamiento, la central sindical acusó al Gobierno de imponer una falsa dicotomía entre crecimiento económico y trabajo digno.

“Desde una perspectiva economicista, se pretende imponer el falso dilema entre desarrollo económico y trabajo decente. Rechazamos esa visión mezquina: ningún modelo de crecimiento será sostenible si se construye sobre la base de la explotación, la desigualdad y la negación de derechos laborales esenciales”, advirtió la CGTP en sus redes sociales.