Infraestructura petrolera bajo la lupa: Minem autoriza fiscalización en el litoral peruano

El ministerio de Energía y Minas publicó este viernes 24 de enero un Decreto Supremo para regular la fiscalización orientativa en las instalaciones de las líneas submarinas o hacia terminales marítimos, sistemas de recolección e inyección utilizados en las actividades de hidrocarburos, los cuales están ubicados frente a la costa peruana.

De esta forma, se busca optimizar la seguridad en los cimientos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos que son instalados en nuestro litoral, desde Tumbes hasta Tacna. Dicha medida había sido anunciada por el ministro Jorge Montero durante su participación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

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Según el artículo dos del dispositivo legal, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) tendrá un plazo máximo de nueve meses para realizar las fiscalizaciones orientativas a las empresas públicas y privadas con plataformas, ductos y terminales de petróleo. En el caso de los recintos de gas licuado de petróleo (GLP), el tope será de 12 meses.

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“Esta iniciativa busca identificar riesgos y ordenar los correctivos necesarios en plataformas, terminales y ductos de petróleo y GLP, lo que permitirá brindar seguridad a las familias, niños, pescadores y todos los que desean un litoral seguro.”, declaró el ministro Montero durante su participación en una Mesa de Trabajo en el distrito de El Alto (Piura).

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Para realizar estas labores de supervisión orientativa, se contará con un presupuesto inicial de S/15 millones. Osinergmin será la entidad encargada de aprobar los lineamientos y la metodología de la fiscalización en un plazo de 30 días. Luego de efectuadas estas acciones, tendrán que informar a la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, de forma trimestral, los resultados respectivos, de acuerdo con el tipo de agente, unidad operativa, antecedentes de cumplimiento y nivel de riesgo.

"Esta es una medida inédita y busca fortalecer la fiscalización y evitar nuevos derrames de hidrocarburos como los de La Pampilla (2022) y Talara (2024), brindando mayor seguridad a las familias y personas que realizan actividades productivas o recreativas en los puntos costeros", concluyó Montero.