Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.
Reactivar la economía nacional es uno de los principales objetivos del gobierno expresados en el Plan Unidos por la reactivación económica propuesta presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que incluye una serie de medidas para acelerar la recuperación de la producción nacional. En el caso de la Amazonía peruana, esta propuesta señala que 1000 millones de soles se destinarán al impulso del desarrollo de esta región, con la implementación de un plan de inversiones.
En relación a los hidrocarburos, la tendencia al alza de la producción en el 2023 se basaba en la expectativa de incremento de demanda de petróleo de China, aunque a la fecha los precios han disminuido, debido a diferentes variables políticas a nivel mundial y a la especulación de precios a nivel internacional.
En este escenario, el gobierno peruano, a través de PERUPETRO está promoviendo 31 nuevas áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos, que se superponen a áreas naturales protegidas (ANP) y territorios indígenas en los departamentos como Madre de Dios, Ucayali y Loreto. Como resultado de su participación en diferentes eventos internacionales sobre hidrocarburos, como la convención internacional NEP Expo en Houston (EE.UU.) y la AAPG - International Conference and Exhibition (ICE) 2023, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha mencionado seis posibles empresas interesadas en la adjudicación de estos nuevos lotes.
Por su parte, según el MEF, la conflictividad social ha ocasionado pérdidas económicas por 4000 millones de soles a la economía nacional, incluidos los conflictos sociales relacionados con la actividad extractiva de hidrocarburos, entre otras razones, debido al incumplimiento de compromisos asumidos en los espacios de diálogo; las intervenciones en el territorio sin consulta previa, libre e informada; la contaminación por derrames de hidrocarburos, la distribución inadecuada de los beneficios y el uso inadecuado de los recursos públicos provenientes de la actividad petrolera, que no ha generado beneficios sociales significativos en las zonas de extracción, donde las brechas sociales continúan siendo altas.
Preocupa entonces, que este proceso de promoción, que no viene garantizando una participación efectiva de la población impactada ni los derechos a la consulta previa, libre e informada ni al territorio de los pueblos indígenas, proponga una superposición de estas áreas de promoción con territorios de pueblos indígenas y áreas naturales protegidas como es el caso de Madre de Dios, en donde no solo se vienen promoviendo tres lotes, dos de los cuales se superponen a la Reserva Comunal Amarakaeri y a la Reserva Territorial de Madre de Dios para pueblos en aislamiento y contacto inicial, sino incluso se propone la construcción de la carretera Boca Manu-Boca Colorado (Proyecto de Ley N° 6259/2023-CR) que impactarían negativamente a dichas áreas y al Parque Nacional Manu.
Consideramos que, para promover una inversión sostenible en la Amazonía, es necesario primero cumplir con la deuda histórica de titulación y protección de los territorios de pueblos indígenas; implementar mecanismos participativos y de consulta desde la planificación de las intervenciones; y tener en cuenta el impacto ambiental y social que tendrán las diversas iniciativas de inversión en la Amazonía. Asimismo, es importante guardar coherencia entre políticas públicas pues, por un lado, se promueve una reactivación económica competitiva, y, por otro, no se prioriza la transición energética justa, sino más bien la lotización de más áreas en la Amazonía.
Por ello, es clave que el Perú asuma sus obligaciones para garantizar la protección de los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas, e inicie un proceso real de transición energética justa que implique tener una ruta clara para ello, de lo contrario los compromisos climáticos en el marco de la COP 28 sobre Cambio Climático, que inicia en diciembre, seguirán siendo falsas promesas.
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