Aída Gamboa
Derecho, Ambiente y Recursos naturales (DAR)
En las últimas semanas se han llevado a cabo espacios y reflexiones a nivel global en temas de transición energética, cambio climático, gestión ambiental y derechos humanos, donde la comunidad internacional realizó diversos compromisos.
Durante la Semana del Clima realizada en New York del 16 al 20 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se abordaron temas sobre mercados de carbono y financiamiento climático, así como la importancia de las y los defensoras ambientales como actores primordiales de protección del bosque para lograr los compromisos e iniciativas de lucha frente al cambio climático. Es así que se lanzó una posible alianza de países, donantes y ONGs globales para la protección de estas personas y grupos, habrá que esperar que se concretice.
A pesar de la participación y discurso del Gobierno peruano, fue evidente que esta agenda no es una prioridad, pese al incremento de violencia, hostigamientos y los asesinatos en la Amazonía. Asimismo, aún se necesita un rol activo del Estado en la fiscalización de proyectos de carbono y financiamiento climático, así como el cumplimiento efectivo de salvaguardas en los territorios de las comunidades a través de una legislación que incluya sanciones ante malas prácticas en articulación con las iniciativas de vigilancia y control propias indígenas, procesos de participación y consulta, mecanismos de transparencia y acceso a la información, y el acceso directo a fondos por parte de las organizaciones indígenas.
Posteriormente, del 26 al 28 de septiembre se realizó en Panamá el II Foro Regional sobre Defensores y Defensoras Ambientales en el marco del Acuerdo de Escazú, siendo uno de los objetivos principales poder discutir e incluir recomendaciones dentro de la formulación del plan de acción regional sobre defensoras y defensores ambientales que permita la implementación efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, enfocado en la protección de estas personas. Las principales propuestas versaron sobre realizar un diagnóstico con información desde los propios territorios, identificar y reconocer las iniciativas de autoprotección indígena, fortalecer las capacidades de los diferentes actores en cuanto a la protección y defensa, implementar un sistema de alerta temprana regional para alertar casos y prevenir ataques, asignar un fondo regional de emergencia a las y los defensores ambientales, sus familias y organizaciones representativas, incluir indicadores claros de supervisión. Los pueblos indígenas demandaron contar con un mecanismo de participación directo para garantizar el enfoque intercultural en los órganos de gobernanza dentro del Acuerdo, así como lo existen en otros procesos internacionales.
De otro lado, del 10 al 12 de octubre en Santiago de Chile se llevó a cabo el Foro Regional de Empresas y Derechos donde uno de los temas centrales fue el eje ambiental y el Acuerdo de Escazú, para aclarar las conexiones y desafíos entre las obligaciones de los Estados de proteger y respetar los derechos humanos y las responsabilidades de las empresas; el acceso a la justicia ambiental y los mecanismos de reparación efectivos para las comunidades y las personas afectadas como la movilización de recursos y el reconocimiento de la jurisdicción extraterritorial sobre los impactos sociales y ambientales. Lo interesante de este espacio es que se logró una declaración desde el Caucus Indígena y desde el foro preparatorio de sociedad civil sobre la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú por los países más peligrosos para las defensoras y los defensores como Brasil, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, y lo urgente que se vuelve su implementación a nivel nacional y regional, pues los derechos de acceso (información, participación y reparación) pueden robustecer la debida diligencia en materia de derechos humanos y la Conducta Empresarial Responsable (CER).
Estas discusiones regionales concluyeron en un encuentro regional de defensores y defensoras realizado en Lima del 17 al 19 de octubre, donde se pudo concretar la Alianza Regional de Defensores y Defensoras indígenas lideradas por los propios pueblos con el apoyo técnico de la sociedad civil. Es así que se han recogido los tema de fondo que deben ser abordados como 1) mecanismo de participación de las y los defensores en espacios internacionales para la toma de decisiones e inclusión de la visión indígena; 2) mecanismos de acceso a directo a fondos de financiamiento internacional; 3) fortalecimiento de capacidades para la ejecución de fondos e iniciativas desde los pueblos indígenas; 4) fortalecimiento de la gobernanza y gestión de las organizaciones indígenas. Esta alianza se avizora como una oportunidad para avanzar en la agenda de la protección efectiva de las y los defensores indígenas.
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