La procuradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Katty Aquize, lamentó las declaraciones que dio el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, sobre la resolución del laudo arbitral de la obra Chavimochic III, en las que señala que esta demoraría hasta cinco años en finalizar.
Aquize aseguró a La República que el laudo beneficia 100% al Estado y que las obras demorarían mucho menos tiempo, dependiendo de la forma de contratación.
“Lamento las declaraciones del gobernador, porque él es uno de los que dice que vamos a demorar cinco años por el hecho de que haya salido el laudo, lo cual no es cierto. Él y los congresistas querían que el laudo no salga para que se firme una adenda con el mismo concesionario y eso implicaba reconocerle, por lo menos, 25 millones de dólares de pago. Al negociar una adenda tendríamos que reconocerle algún pago de lo que estaba solicitando en el proceso arbitral”, dijo.
“Con firmar la adenda nos íbamos a demorar a hasta enero o febrero, si es que salía, y firmando la adenda tenía el contratista seis meses para reiniciar la obra. Piensan que, habiendo caducado, o sea, resuelto el contrato nos vamos a demorar más, mentira. Podemos demorarnos menos dependiendo del mecanismo que se elija para acabar el saldo de obra. Lo que falta solo es 30%. En dos años creo que no va a estar acabada, pero sí estará avanzada en un porcentaje bien alto.”, agregó.
La concesionaria a la cual se refiere es Chavimochic, conformada por las constructoras Odebrecht y Graña y Montero (ahora Novonor y Aenza, respectivamente), empresas sentenciadas por corrupción.
El último martes 11 de octubre, el primer ministro, Aníbal Torres, informó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso que el tribunal arbitral resolvió el contrato con dicha concesionaria, lo que significaría que no habría una adenda.
Ante la revelación, el gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, dio una conferencia de prensa para explicar que su posición era de que la concesión debía culminar, pero antes de retirarse, Novonor debía culminar la obra.
“Todas las instituciones debemos respaldar el inmediato destrabe, sea cual sea la modalidad. No podemos permitir una demora de cuatro o cinco años más. Inclusive, sugerimos que esto se pueda hacer bajo el modelo G2G (Gobierno a Gobierno)”.
Foto: Gobierno Regional
La procuradora también desmintió que el Estado deba hacerle algún pago a la concesionaria. Además, considera que sí hay empresas interesadas en culminar la obra.
“Dijeron que el Estado tenía que pagar S/ 118 millones a Odebrecht, lo cual es falso. No tenemos que pagarle ni un sol. La concesionaria, en una reunión que hemos tenido posterior al laudo, nos han dicho que no tienen intención de hacer más largo esto y que quieren limpiar su imagen. Esperemos que sea cierto”, finalizó.