El cobro de las grandes deudas tributarias que mantienen las empresas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) es una de las promesas del Gobierno de Pedro Castillo.
Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señaló que estas son “deudas de los agentes económicos sujetas a controversia”, las cuales se encuentran en litigios judiciales.
“Lo que debes pagar en cuanto a obligaciones tributarias sigue su proceso. Nadie está pensando en interferir en el mismo (…). Vuelvo a decir: si recuperar la deuda es el objetivo, hay una normatividad al respecto”, argumentó Burneo.
No obstante, el abogado tributarista Jorge Picón sostiene que estas no son deudas en sí, sino controversias tributarias que los contribuyentes tienen derecho a entablar contra la Sunat, y pueden ocurrir tanto con grandes empresas, como Backus, Scotiabank, o con una bodega o pequeño negocio.
“Hoy, cerca de 1.400 contribuyentes mantienen controversias en sede judicial con la Sunat por más de S/ 13.400 millones. En muchos casos, son controversias que superan los 15 años y que hoy casi en un 80% o más deben ser intereses”, explicó.
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Picón señala que el acceso a justicia tributaria se ha vuelto inviable si es que en cinco o 15 años las instancias competentes —el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional— no toman una posición definitiva, hecho que agranda los montos en disputa con intereses moratorios.
Es por ello que más de 5.000 contribuyentes desaparecieron en el camino sin resolver sus controversias, según Picón.
Al respecto, el ministro Burneo adelantó que es posible aplicar métodos más rápidos para recuperar las deudas de las empresas con Sunat y así dotar de más recursos al Estado.
“Lo que sí se puede pensar a futuro es que mejore la eficacia y la eficiencia para recuperar estos recursos tributarios, que al final de cuentas es dinero de todos”, añadió.
Por último, vale precisar que, en datos de Macroconsult, el Estado podría recaudar más de S/ 12.000 millones aplicando un mecanismo de solución a las controversias tributarias.