Chavimochic: pedirán 90 días de ampliación para firma de adenda
Viceministro de Agricultura manifestó que proyecto de ley enviado por Pedro Castillo al Congreso busca flexibilizar criterios de evaluación del MEF y Proinversión.
El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Hugo Obando Concha, manifestó a la prensa en Trujillo que este 2 de septiembre solicitarán al tribunal arbitral la ampliación de 90 días para finiquitar los documentos de la adenda para el destrabe de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).
En esencia, se trata de dar tiempo para que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley enviado por el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Proinversión evalúen de una manera más flexible las exigencias para el reinicio de obras.
hugo obando
“Ha ocurrido la necesidad de ampliar un poco el plazo a fin de que el Congreso de la República pueda apoyar con una ley específica para flexibilizar los criterios de evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de Proinversión. Por ello estamos pidiendo un nuevo plazo al tribunal arbitral. Esto se puede hacer por consenso de las partes, es decir, concedente y concesionario, obviamente, con el sustento respectivo”, expresó el funcionario.
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Obando aseguró que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ya tiene todos los documentos de sustento técnico, legal y financiero y están listos para enviar al MEF y Proinversión.
“Como hay desavenencia en el pago de valorizaciones e intereses, el concesionario quiere asegurarse la cancelación antes de reiniciar las obras en la presa de Palo Redondo, puesto que esas valorizaciones ya fueron aprobadas en el pasado. Sin embargo, en los criterios de evaluación del MEF y Proinversión adelantar un pago rompería el equilibrio económico-financiero, por ello se pide un proyecto de ley para flexibilizar estos criterios”, explicó Hugo Obando.
El funcionario ministerial precisó que son valorizaciones de 21 millones de dólares y los intereses de 17 millones de dólares. “El sustento es que, por encima de ese adelanto (pago), que podría ser un perjuicio para el Estado, está el beneficio que genera tener 30.000 nuevas hectáreas para el agro, mejoramiento de otras 17.000 hectáreas, 1.500 millones de dólares en exportaciones al año, 150.000 empleos”, detalló.
