Defensores y defensoras ambientales: necesidad de acciones articuladas y efectivas para su protección
La promoción de actividades empresariales no debe condicionar la subsistencia de los pueblos indígenas.
Autora: Aída Gamboa Balbín, coordinadora del programa Amazonía de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Estamos afrontando, como país y a nivel mundial, una profunda crisis sanitaria que refleja las desigualdades existentes. Un tema fundamental es la protección de la vida y la labor que realizan las personas que protegen el ambiente, como los pueblos indígenas, que han sido los más impactados por la pandemia no solo por la situación de exclusión producto de la falta del enfoque intercultural en los servicios públicos, sino por las diversas agresiones que enfrentan por la defensa de sus territorios.
La confluencia de las amenazas territoriales en el Perú determinada por la práctica de la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de tierras y el cultivo ilícito de coca, así como la continuidad de conflictos socioambientales alrededor de proyectos extractivos o de infraestructura, han incrementado el nivel de vulnerabilidad de las personas defensoras ambientales.
Este grave escenario es evidenciado en el informe de Frontline Defenders 2020, el cual revela que en el año pasado fueron asesinados 331 defensores de derechos humanos en el mundo, de los cuales el 69 % laboraba en la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. De los 331 asesinatos registrados, 264 se presentaron en el continente americano. En Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) registra 15 asesinatos.
Sin embargo, esto no fue una prioridad en las elecciones pasadas. Prueba de ello fueron los debates electorales que carecieron de este tema y que los partidos políticos no priorizaron en sus agendas la protección a las y los defensores ambientales, ni la ratificación del Acuerdo de Escazú, único tratado en el mundo y para América Latina que incorpora disposiciones para su protección.
Solo 3 de los 18 planes de gobierno presentados incorporaron el Acuerdo de Escazú en sus propuestas. Ahora, a pesar de los avances en el sector justicia como la aprobación del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras, se necesitan esfuerzos mayores a nivel presupuestal y en la coordinación entre los ocho sectores que lo integran para prevenir, mitigar, proteger y remediar ante amenazas y ataques.
Pues los asesinatos continúan. La Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) denunció que el 30 de noviembre hallaron muerto a un líder asháninka de La Paz de Pucharini (Pasco). Las autoridades sospechan que los responsables serían traficantes de terreno. Como este caso, en la gran mayoría se desconoce a los responsables y no se llega a obtener justicia.
Por ello, se convierte en una necesidad que el Congreso de la República ponga en agenda la ratificación del Acuerdo Escazú y que toda acción de parte de los sectores para la efectiva protección de estas personas se realice en estrecha coordinación con las organizaciones indígenas. En el proceso de reactivación, la promoción de actividades empresariales no debe condicionar la subsistencia de los pueblos indígenas.
[Publirreportaje]
