Derechos indígenas y desarrollo en el Urubamba, más allá de Camisea
Los desafíos son grandes y para ello es vital reconstruir la planificación de desarrollo.
Por: Agilio Semperi, presidente del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años en la Amazonía peruana es tratar de impulsar un desarrollo enfocado en la implementación de proyectos extractivos sin respetar los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos, los derechos territoriales.
Esto se refleja en el impulso a proyectos gasíferos como los ubicados en la Cuenca del Urubamba, donde luego de más de 17 años de explotación sostenida, el Estado sigue presionando a la Amazonía para encontrar y explotar hidrocarburos, acciones que han traído impactos socioambientales en nuestros territorios; una nula participación de los pueblos indígenas en sus procesos de fiscalización; e insuficientes acciones para promover la transparencia.
El Lote 58 (adyacente a los lotes del yacimiento de Camisea), tiene en su área de influencia a comunidades nativas, así como poblaciones en contacto inicial, por lo que viene afectando desde el año 2005 nuestros derechos colectivos, a pesar de la adhesión por parte del Estado al Convenio 169 de la OIT. Pues hasta la actualidad este lote liderado por la empresa china CNPC sigue implementando diferentes medidas que afectan a las comunidades indígenas, con procesos de compensación a destiempo y sin llevar a cabo ni tener en agenda la consulta previa, un derecho reconocido y normado a nivel nacional.
Se suele pensar que el impulso de los proyectos extractivos y de infraestructura es sinónimo de crecimiento económico y de desarrollo. Sin embargo, las promesas políticas y empresariales son distantes y contradictorias a la realidad. Es así que el distrito de Megantoni, que tiene más de cuatro años de creación política y un ingreso anual por canon de aproximadamente 200 millones de Soles, convive con la pobreza: un 86% de su población no cuenta con servicio de agua, ni un sistema de salud eficiente, contexto con el cual tuvo que enfrentar a la pandemia del COVID-19.
Ante ello, la experiencia de los pueblos indígenas nos permite llegar a la conclusión de que el Estado no está preparado para impulsar un verdadero desarrollo en la Amazonía: (i) el incumplimiento de la normativa ambiental, sumado a la débil fiscalización, ha generado que las empresas no respeten la normativa y que no se garantice altos estándares ambientales; (ii) la débil capacidad de los gobiernos no permite que los recursos económicos se traduzcan en una mejora de calidad de vida de los pobladores; (iii) existe una falta de comprensión de las realidades socioambientales, de los estándares de vida de las comunidades y de la esencia de los derechos de los pueblos indígenas; (iv) la participación activa de las poblaciones en los procesos de toma de decisiones es limitada; y (v) se mantiene una concepción errónea de desarrollo sostenible.
Al impulso de proyectos extractivos en la Amazonía, generado por un concepto de desarrollo sin una visión real del territorio, se suma al contexto de la cuenca del Urubamba el impulso de proyectos como el de la carretera Megantoni - Sepahua y el de interconexión entre los distritos de Megantoni y Echarati, esté último ya declarado como proyecto de interés nacional y necesidad pública por el Congreso de la República, sin una evaluación socioambiental en su planificación ni un proceso consulta de los pueblos afectados, lo cual podría traducirse en un motor de deforestación, narcotráfico, invasión de territorios, considerando las experiencias sufridas con la carretera Kepashiato-Kimbiri. Así como riesgos para la Reserva Comunal Machiguenga y el Santuario Nacional Megantoni.
Los desafíos son grandes y para ello es vital reconstruir la planificación de desarrollo, incorporando una visión propia y considerando las condiciones sociales y ambientales; para ello es fundamental primero fortalecer la participación en todos los procesos de toma de decisión desde la planificación de políticas, planes y proyectos; evaluación y la fiscalización e implementar los procesos de consulta previa, reconociendo su verdadera esencia, respetando los estándares y la identidad cultural.
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