En su reciente informe anual, Unicef manifestó que durante el 2020 más de 142 millones de niños en todo el mundo se sumaron a los que actualmente ya están en la pobreza monetaria y no disponen de acceso a los servicios de protección social.
Incluso, en el peor de los escenarios, estiman que 1,2 millones de niños menores de cinco años podría morir a lo largo de 12 meses en los países de ingresos bajos y medianos por las interrupciones de los servicios de salud e incremento de la malnutrición.
Al respecto, el organismo reconoce que la transferencias de efectivo alivian la presión económica de la COVID-19, y anotan que antes de la pandemia, la probabilidad de vivir en una situación de extrema pobreza era dos veces mayor entre los niños que entre adultos.
“Ahora, el número de niños que viven por debajo del umbral de pobreza correspondiente a su país podría aumentar en nada menos que 117 millones, lo que haría aún más incierto el futuro de 700 millones de niños”, señala el estudio.
Unicef resalta la labor de la aplicación de estos subsidios, ya que protegen a las familias de una catástrofe financiera y les permite incrementar su acceso a los alimentos, a una atención médica periódica y a la escuela.
Además -sostiene Unicef-, estas transferencias reducen las probabilidades de sufrir estrés debilitante, que puede inducir a la violencia y empeorar la salud mental.
Asimismo, otra entidad que ve en el reparto de bonos un mecanismo para dinamizar la economía y ayudar a los más vulnerables es el Fondo Monetario Internacional, que hace un par de meses calculó que un subsidio de 2.760 soles en el Perú ayudaría a reducir la pobreza a niveles prepandemia.
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