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Economía

TC: demora del Tribunal Fiscal favorece a Telefónica

Sentencia. Empresa de telefonía deberá pagar la multa y los intereses moratorios, solo dentro del plazo legal para resolver.

larepublica.pe
Tardanza. Telefónica no pagará intereses moratorios por demora del Estado en resolver. Foto: difusión

El Tribunal Constitucional publicó ayer la sentencia que, por mayoría, da la razón a Telefónica del Perú en su reclamo contra la Sunat y el Tribunal Fiscal por el cobro de intereses moratorios, por una multa impuesta en el 2011.

Como había trascendido, el voto a favor de Telefónica es de los magistrados Ernesto Blume Fortini, José Luis Sardón de Taboada, Carlos Ramos Núñez, Augusto Ferrero Costa y Eloy Espinosa-Saldaña.

Mientras que la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma Narváez, y Manuel Miranda Canales votaron en contra, por declarar improcedente la demanda.

El voto en mayoría señala que el Estado, en especial el Tribunal Fiscal, se demoró siete años en resolver la impugnación que presentó Telefónica contra una multa impuesta por la Sunat el 2016, lo que es una afectación al derecho a tener respuesta en un plazo razonable.

La sentencia señala que la administración tributaria indicó como única excusa para la demora “la excesiva carga procesal”. En ninguna parte, se indica que la Sunat o el Tribunal Fiscal hayan sustentado que la demora en resolver esta controversia sea responsabilidad de la empresa Telefónica.

Por esto, el tribunal concluye que la administración tributaria no se puede beneficiar de su propia demora en exceso. Así, se indica que Telefónica deberá pagar la multa impuesta de unos 65 millones de soles, más los intereses moratorios hasta el 2013, fecha límite que tenía el Tribunal Fiscal para resolver.

El voto en minoría sustenta que la demanda de Telefónica debía ser rechaza, pues al momento de presentar la acción de amparo todavía no había concluido el procedimiento administrativo y, por tanto, no había certeza real de que se vería afectado por el interés moratorio.

Ese hecho, en opinión de Ledesma, constituye un abuso por parte de los abogados de la compañía Telefónica del Perú.

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