“MEM, Osinergmin y COES deben acatar sentencia de la Suprema”

La Coordinadora General de los Pueblos Unidos de Lima y Callao (Cogepulc), que representa a más de 10 mil asentamientos humanos de la capital y provincias, participó de una mesa de diálogo con el viceministro de Electricidad, Miguel Révolo Acevedo, el pasado lunes 22 de enero.

El presidente de la organización, Roberto Carhuancho Cárdenas, esperaba que después de haber enviado tres solicitudes a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM), informaran sobre la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema que dispone que dicho despacho emita un decreto para que las empresas termoeléctricas a gas natural declaren con transparencia sus costos de producción.

Para frustración del dirigente, no sucedió. El viceministro Révolo alegó que el tema no estaba en agenda.

Según la última comunicación escrita del presidente de la Cogepulc al ministro de Energía y Minas, 7 millones de usuarios regulados pagaban elevadas tarifas de electricidad, “debido a que las generadoras termoeléctricas (Kallpa, Engie, Enel) abusan de la ley, mienten en declaraciones de costos y fijan los precios artificialmente bajos, para luego ellas mismas comprar la energía que luego venden a los industriales, mineros y empresarios más grandes del país”.

Y añadió: “Esta distorsión termina afectando a los usuarios que tenemos que pagar nuestro recibo de luz lo que estas empresas dejan de pagar. Por lo que terminamos por pagar una tarifa dos veces más alta que las grandes empresas”.

De acuerdo con los cálculos de la Cogepulc, mediante esta modalidad, que ha sido cuestionada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, las generadoras termoeléctricas ganan 35 millones de soles mensuales, 420 millones de soles anuales, y en los tres últimos años, 1.260 millones de soles.

Según la sentencia de la Corte Suprema, la distorsión se produjo desde que el 28 de diciembre del 2017 se emitió el Decreto Supremo 043.2017-EM, del Ministerio de Energía y Minas, que modifica el mecanismo de declaración de precios para las generadoras termoeléctricas que utilizan gas natural. Por esto, la Sala Constitucional y Social dispuso que el MEM emita un nuevo decreto supremo para acabar con las distorsiones en el mercado y los consecuentes cobros indebidos.

“Le pedimos al MEM que cumpliera con la sentencia, pero en lugar de hacerlo, poniéndose de lado de las empresas, interpuso una acción de amparo y otra de aclaración, y las dos fueron desestimadas”, explicó Roberto Carhuancho.

“Cuando la Corte Suprema desestimó el pedido de aclaración al MEM, porque la sentencia demanda expresamente la anulación del Decreto Supremo 043-2017-EM porque impone un régimen de beneficio a un grupo reducido de empresas, las que también se favorecen con cobros indebidos a los usuarios”, indicó el presidente de la Cogepulc.

El MEM tardó 4 meses en derogar el decreto y emitir otro, pero para sorpresa de los agremiados en la Cogepulc, se abstuvo de cumplir con sus competencias y las trasladó a la entidad estatal Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y a los privados del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

“¿Pueden ser imparciales los directores del COES que son elegidos con los votos de los que se benefician con la compra de energía barata no producida por ellos?”, se preguntó Carhuancho: “El MEM, Osinergmin deben acatar la sentencia de la Corte Suprema”.

“Queremos plantear al MEM que los 1.260 millones de soles de los cobros indebidos de los últimos 3 años, los recupere y los invierta en la electrificación de los asentamientos humanos que no cuentan con el servicio. Es injusto que mientras algunas empresas privilegiadas ganan dinero con cobros indebidos, se les niegue energía eléctrica a los más pobres”, explicó.

¿Quién es Roberto Carhuancho?

El dirigente Roberto Carhuancho es un dolor de cabeza para las compañías termoeléctricas que usan gas natural. Ha denunciado penalmente a Kallpa, Enel y Engie, por supuestamente adulterar sus costos de producción, lo que afecta a los usuarios. Las compañías rechazan las imputaciones del dirigente.

La sentencia de la Corte Suprema, que ordenó al MEM emitir un nuevo decreto para dar término a las irregularidades, ha resultado un espaldarazo para el caso planteado por Carhuancho ante el Ministerio Público.

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