Ley de fusiones del Congreso fue observada por el Ejecutivo
Gobierno desestimó que el Indecopi regule las operaciones de concentración en las empresas del sistema financiero ante un riesgo sistémico. No obstante, el Legislativo todavía podría insistir en su propuesta.
La aplicación del Control Previo de Fusiones y Adquisiciones en el país sigue dilatándose. El último jueves, el Ejecutivo decidió observar la autógrafa de la ley de fusiones aprobada en el Pleno el pasado 23 de octubre.
Entre los principales motivos para esta decisión, es que el Gobierno consideró como un riesgo a la predictibilidad del régimen la posibilidad que tendría el Indecopi de actuar de oficio ante cualquier proceso de fusiones o adquisiciones. Cabe indicar que, a lo que apunta la norma, es a la revisión de aquellos actos de concentración que, por su dimensión, “presumiblemente puedan generar efectos anticompetitivos significativos en el mercado”; y para ello, se establecieron ciertos umbrales.
Asimismo, el Gobierno indicó que la aprobación de la autógrafa de ley implicaría también que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) pierda la facultad de evaluar las operaciones de concentración de empresas del sistema financiero que captan depósitos y empresas de seguros, que puedan estar en riesgo relevante. Y es que de acuerdo a la institución, “someterla al procedimiento general de control previo podría provocar pánico financiero”. Como se recuerda, la propuesta de ley de la congresista Zenaida Solís proponía al Indecopi como el único regulador de todas las fusiones, en todos los sectores, incluido el financiero.
Con la observación, también se aleja la posibilidad de adelantar la aplicación del Control Previo de Fusiones para inicios del 2021, por lo que se mantendría la disposición del Ejecutivo - el decreto de urgencia 013-2019 - de comenzar a aplicarla desde marzo del próximo año, aunque ello está sujeto a la publicación de su reglamento, el cual tenía como fecha máxima de publicación el 19 de noviembre, pero no se hizo.
Si bien el Indecopi no ha brindado explicación sobre el retraso, el abogado y socio del Estudio Miranda & Amado, Enrique Felices, señaló que ello se debería a que “cuando se aprobó el texto sustitutorio del Congreso se postergó todo. El reglamento (del Decreto de Urgencia) ya debería estar publicado, sin duda le resta predictibilidad al Control Previo y lo que ahora necesitamos saber es el marco legal que nos va a regir y lamentablemente con estas idas y venidas del Congreso, todo se dilata”, indicó.
Asimismo, señaló que el Congreso podría ir por la insistencia de su texto, lo que volvería a modificar las reglas del juego. “Todos los especialistas ya hemos comentado que esa acción (la insistencia) generaría un retraso aun mayor y mucha incertidumbre en las empresas”. Asimismo, indicó que el decreto que publicó en noviembre del 2019 el Ejecutivo - una casi copia del texto que prepara el Congreso disuelto - “fue ampliamente debatido y consensuado”.
